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ZAPATERO Y MORATINOS FRENTE A LA SOBERANIA ESPAÑOLA DE GIBRALTAR Y SUS AGUAS

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ZAPATERO Y MORATINOS FRENTE A LA SOBERANIA ESPAÑOLA DE GIBRALTAR Y SUS AGUAS

Los incidentes que están teniendo lugar en las últimas semanas en las aguas españolas de Gibraltar con la Guardia Civil de la frontera en su cometido de salvaguardarla de la incursión de delincuentes con base en Gibraltar, y el ‘talante’ hacia la colonia, inusitado en trescientos años de colonia, mostrado por el presidente Zapatero, su Gobierno y, ¿cómo no citarlo?, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha puesto en el candelero lo que fue metido en el baúl de los recuerdos por la Democracia desde su implantación: la recuperación de Gibraltar, una colonia mantenida en Europa en el suelo de uno de los miembros de la Comunidad Europea por otro miembro de la Comunidad. [Las veleidades del Gobierno de Aznar negociando una soberanía compartida del Peñón con los británicos fue un absoluto despropósito porque a cambio de poner bandera en el Peñón se renunciaba a lo básico, a lo fundamental, a la soberanía simple y llana que nunca dejó de ser española y, además, con la ‘zanahoria’ de las negociaciones nos metieron políticamente en la Guerra de Irak].

El españolito de a pie, que tiene otras preocupaciones para él más importantes que el ocuparse de profundizar en el asunto de Gibraltar pues para eso hay cargos políticos con abultados sueldos y prebendas que tienen la inexcusable obligación de hacerlo, puede que piense que el tema de Gibraltar es ajeno a la Democracia restaurada en España al terminar la Dictadura y que las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar eran cosas del General Franco y los suyos, lo que podría llevarnos a la creencia que, en lo que se refiere a la reivindicación española del retorno de Gibraltar a España, Franco vivió trescientos años porque se da la circunstancia que hace ese tiempo que España exige la devolución del Peñón, y, en épocas como la del reinado de Carlos III, por ejemplo, con muchísima pólvora de por medio.

Por tanto, como quiera que se está poniendo en cuestión con exceso la soberanía española sobre todo el territorio de Gibraltar y sus aguas colindantes, llegándose al extremo de que el ministro Moratinos diga en público que España no renuncia a que le sea devuelta la soberanía sobre el Peñón, dispuesto también a compartir soberanía y otras incongruencias por el estilo, demostrando de esta manera, para sonrojo de la diplomacia española, que no tiene ni la más remota idea del contenido del Tratado de Utrecht en el que, por supuesto, no hay cesión de soberanía por ninguna parte, ha lugar a pensar que el señor Moratinos, con la aquiescencia del presidente Zapatero y el resto del Gobierno, puede meter a España en una negoción con Gran Bretaña y los llanitos sobre la soberanía del Peñón y las aguas que lo circundan sin el preceptivo respaldo del Parlamento español.

Dado que este planteamiento es algo que cualquier español que haya seguido con detenimiento los pasos dados por el Gobierno de Zapatero y su ministro Moratinos en los últimos meses sobre el asunto de Gibraltar, con la escenificación de su denigrante visita a la colonia el pasado mes de julio incluida, le es inevitable el albergar los temores de que cualquier día de estos nos desayunamos con la noticia de que el ministro Moratinos acaba de añadir un apéndice al Tratado de Utrecht dando, o compartiendo, la soberanía del Peñón y sus aguas a Gran Bretaña y los llanitos, y como quiera que esto puede convertirse en una realidad de un día para otro, llamo la atención, con el derecho que me confiere el ser español y el haber hecho la mili como mandaban los cánones, al señor presidente Zapatero, al señor ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y al resto del Gobierno sobre lo siguiente:

1º La soberanía sobre Gibraltar la ostenta España puesto que nunca la cedió y nunca renunció a ella. ¿Qué documento avala esto jurídicamente? El Tratado de Utrecht, la ausencia absoluta de la palabra “soberanía” en él, el mismo Tratado que da cobertura jurídica a la presencia británica en la colonia de Gibraltar, aunque lo hayan incumplido de cabeza a rabo de forma continuada.

2º La soberanía sobre las aguas circundantes del Peñón es española con la sola excepción de las aguas correspondientes al puerto-embarcadero que existía en Gibraltar cuando se produjo la venta política. (Ver croquis de Gibraltar de la época en mi página web http://danielgarzonluna.blogspot.com/ donde podrá ver con claridad el embarcadero y sus aguas y un mapa del puerto actual).

El puerto actual, adicionado al puerto-embarcadero de origen, está construido en aguas españolas, por tanto este puerto, así como el 50%, aproximadamente, de la pista del aeropuerto, están en aguas españolas, y, además, en lo que al aeropuerto se refiere, en la ‘tierra de nadie’ entre las dos fronteras. Por tanto, los guardias civiles que fueron detenidos y llevados al cuartelillo de la policía de Gibraltar no entraron en casa ajena cuando penetraron en las aguas del puerto actual en persecución de delincuentes sino en aguas españolas usurpadas por los británicos..

3º En el supuesto caso que se produjera una negociación con entrega final de la soberana española del peñón y sus aguas a los británicos y llanitos, sin que esa negociación estuviese respaldada por un mandato previo del Parlamento español, nos encontraríamos con que el actual Gobierno de España escinde ‘motu proprio’, sin estar legitimado para ello, un trozo de su territorio y su dominio de aguas del Estrecho y lo entrega a una potencia extranjera, socio de España en la OTAN, que hoy la mantiene como colonia.

4º Ni este Gobierno ni ningún otro Gobierno de España está legitimado para decidir en solitario una escisión de parte del territorio nacional en beneficio de potencia extranjera alguna. De producirse esta premisa, sin que se hiciese sin el respaldo de un mandato del Parlamento español, tal y como se menciona en el apartado anterior, sería, en el caso de Gibraltar, jurídicamente nulo ante la potencia colonial británica y los habitantes del Peñón, tanto los legales como los ilegales. En todo caso, de producirse esa negociación con los requisitos contemplados en el apartado 3º y con el resultado de transferencia de la soberanía a los británicos o llanitos, su validez no sería efectiva mientras no fuese refrendada por votación popular de toda la ciudadanía española en referéndum ya que se trata de una escisión del territorio nacional.

5º Tanto la Gran Bretaña como los llanitos deben tener claro que cualquier tipo de acuerdo que protagonice cualquier Gobierno de España que cambie el concepto sobre la soberanía española sobre Gibraltar y sus aguas, que de forma incuestionable no se cede en el Tratado de Utrecht a Gran Bretaña, será jurídicamente nulo si no tiene el respaldo popular producido en referéndum, según se menciona en el apartado 4º.

6º Todo apunta en la dirección de que el señor ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no está a la altura del legado de Gibraltar ni de lo que Gibraltar significa para la gran mayoría de los españoles con conocimiento de causa sobre el tema. Su homólogo británico, que no es precisamente una lumbrera, y el llanito Caruana están haciendo encajes de bolillos con él, con sus ‘gestos’, con su ‘talante’ y, de paso, con España entera. Consecuentemente, el señor ministro Moratinos debe ser relevado de su cargo como ministro de Asuntos Exteriores, bien por decisión propia o por dimisión, y, si el presidente Zapatero no está en la situación de afrontar una crisis también dentro de su Gobierno, cosa comprensible, entonces el señor ministro Moratinos debe seguir encargándose de asuntos hispanoamericanos con sus afines, que son aguas en las que nada bien, y ser relevado de todo lo que tenga algo que ver con Gibraltar…..antes que la encharque más a fondo todavía.

En lo que al partido mayoritario de la oposición se refiere, el Partido Popular, debo recordarle que ya cuando el Gobierno de Zapatero decidió dar el valor de tercer socio en la mesa de negociaciones a los llanitos su controversia brilló por su ausencia en la medida de lo que el nefasto paso representaba y la réplica continuada y contundente que semejante despropósito debió significarle. Pasó de puntillas de la creación de la vergonzosa claudicación del tripartito. No hubo el más mínimo seguimiento de los erráticos pasos del ministro de Exteriores en su camino de dar concesiones a los llanitos y regalar ‘gestos’ y ‘talantes’ a cambio de nada. Que los españoles de a pie no estén pendientes del tema de Gibraltar es una cosa lógica porque ya tienen más que suficientes preocupaciones, con toda la que está cayendo, para llegar a fin de mes, pero que un partido que está llamado a gobernar no le dé la importancia y actúe en consecuencia y con la contundencia que el caso requiere sobre un asunto que tanto significa para la dignidad nacional es otra cosa muy a tener en cuenta por lo que nos pueda deparar en el futuro venidero.

Antes o después la propiedad de Gibraltar volverá a la Piel de Toro. España es grande y generosa y le sobra sitio para los llanitos; sólo tendrán que aprender andaluz que, por lo visto, no les será problema alguno porque no hay dudas que se les da mejor la lengua de Cervantes que la de Saquespeare. (En andaluz se dice Saquespeare, es bueno el aprenderlo).

Si bien el artículo del Tratado de Utrecht que se ocupa de la entrega de Gibraltar a Gran Bretaña, el Artículo X, ya lo incluía íntegro en mi comentario sobre Gibraltar del pasado día 25 de noviembre, voy a reproducirlo nuevamente por la importancia que tiene que sea bien conocido por los españoles y por coger poco espacio. Dice lo siguiente:

“El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce en entero derecho, y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno” En el párrafo siguiente dice: “……que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra……”.

Mismo artículo con información gráfica en mi página web, ya citada en la segunda página de este escrito.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2009
Daniel Garzón Luna

EL VICIO HISTÓRICO DE METER LA CUCHARA EN SUELO AJENO

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EL VICIO HISTÓRICO DE METER LA CUCHARA EN SUELO AJENO
Al día de hoy, y después de echar una ojeada a siglos transcurridos, se puede aseverar que los gestores políticos de España han tenido una fijación por mantener un control férreo sobre el suelo, tanto como si ha sido propiedad del Estado, en cuyo caso es natural, como si ha sido de propiedad privada, en cuyo caso es intervencionismo y metida de cuchara donde no deben, y, en lo que a la actualidad se refiere, pasarse por el ‘arco del triunfo’ el Artículo 15 de la Ley del Suelo española. ¿Que esto ha tenido homogeneidad en otras naciones de la Europa Occidental? Sin duda alguna pero no con la continuidad española y en muchísima menor medida como más adelante podremos ver en el ejemplo comparativo que expondré sobre el concepto español de la propiedad del suelo y el sajón (británico para más señas). Comenzaré por ubicarme en la época en la que se sentaron las bases para que el ciudadano de España, en esa época aún envuelta en lucha por su reunificación, perdiera el poder sobre la propiedad de su suelo en profundidad -en los casos que fuese propietario de suelo- y pasó a ser un propietario superficial del mismo. El artífice absolutista de esta iniciativa fue el rey Alfonso XI, también llamado El Justiciero, a la sazón rey de Castilla y León, cuya proclama sobre el territorio podríamos aventurarnos a definir como una avanzadilla de lo que más tarde, a lo largo del siglo XX, especialmente, se convertiría en doctrina del comunismo sobre el suelo que se fundamenta esencialmente en que el suelo es propiedad del Estado en su totalidad. Los Lenins, Los Marxes y demás tenidos como fenómenos de la ideología comunista del siglo XX fueron, por la distancia en el tiempo en que se configuraron los conceptos, unos angelitos comparados con semejante mente preclara en lo que a voracidad del Estado sobre el territorio ajeno se refiere, aunque él, Alfonso XI, no tuviera a la sazón la más remota idea de que lo que puso en pie ya en 1348 tendría eco como consigna totalitaria con una proyección tan brutal y demoledora para la humanidad como sería el comunismo del Este de Europa de nuestra Historia reciente, aún vivo y activo en algunas naciones del Globo.
Este rey, supongo que con la ayuda no desdeñable de una coorte de masa gris-rojiza, convirtió en ley, a través del “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, que el subsuelo de todo el territorio bajo el dominio de su Corona fuese de propiedad del Estado, es decir, de la propiedad de la Corona, de su propiedad para ser más claro, porque, por ser los reyes de la época absolutistas, el Estado era él mismo. En otras palabras, de un plumazo se hizo con el subsuelo de todo el territorio en el que gobernaba su Corona, así, por la cara, nacionalización regia universal del subsuelo. Estas Ordenanzas o Ley que, después de ser ratificada en 1387 por el rey Juan I con las “Ordenanzas de Briviesca”, perduró inalterable a través de los siglos hasta nuestros días, pero no porque fuese un bien común pues sólo beneficiaba a los cuantos de turno alrededor del poder o en el propio poder sino que fue, y sigue siendo, una poderosa arma política en manos de los gobernantes en ejercicio del poder.
Ahora puede haber lugar al siguiente interrogante: ¿ha sido bueno y positivo para los ciudadanos españoles lo que Alfonso XI tomó para sí arrebatando al propietario de suelo de la época el derecho total sobre el subsuelo de su propiedad y que, con el transcurrir de los siglos, ha pasado a ser propiedad de un Estado común, como es el caso en la actualidad? En mi criterio no, no ha sido bueno ni positivo para el ciudadano español esta nacionalización del subsuelo impuesta por AlfonsoXI y tampoco ha sido bueno para España. ¿Razones para este criterio? Las hay, por ejemplo: ha coartado la iniciativa individual del ciudadano a explotar su propiedad en profundidad, tanto si se tratara de mineralogía como petrolífera, sin deber tener otro límite que el que le marcara la propiedad colindante, además de controles adecuados en lo que al aprovechamiento de acuíferos se refiere ya que pueden tener origen en otras propiedades ajenas y ser drenados hacia la propia, lo que necesita de por sí una regulación muy precisa. Por otro lado, el Estado no tenía en las épocas a las que nos remontamos los tentáculos informativos necesarios para detectar dónde sacar riqueza del subsuelo por lo que hubo riquezas que no fueron explotadas durante siglos. Ahora cabe otra pregunta al respecto: ¿tiene algún beneficio el ciudadano del Estado español de los tiempos modernos del omnímodo poder que ostenta éste sobre la propiedad del subsuelo de todo el territorio nacional? Podemos aseverar, dejando un pequeño margen para algunas actuaciones puntuales, que ningún beneficio o casi ninguno; por el contrario, al amparo del ‘paraguas’ de esta potestad absoluta de disponer del subsuelo de todo el territorio y no permitir excavación alguna sin concesión o licencia previa, ha dado pábulo a la picaresca en el poder y a que el tráfico de influencias campara por sus respetos a lo largo de los siglos en lo que a concesiones de la explotación del subsuelo se refiere. El poder corrompe y el poder sobre el territorio, bien superficial o en profundidad, es tremendo y ha corrompido siempre tremendamente.
Por otra parte, nunca el Estado puede suplir a la iniciativa privada en actuaciones múltiples en toda la geografía nacional. El monopolio sobre el subsuelo significó para España un desaprovechamiento inmenso por ausencia de diversidad de explotadores de la minería, especialmente en las Españas de Ultramar donde tuvo implantación y continuidad hasta el día de hoy el tristemente famoso “Ordenamiento de Alcalá” de 1348, refrendado por la “Real Cédula de 1504 de los Reyes Católicos. El abuso del derecho sobre el subsuelo por parte de la Corona de España en las Españas de América tuvo un efecto desastroso para el desarrollo y proyección económica de Hispanoamérica porque limitó a unos cuantos elegidos el desarrollo mineralógico del subsuelo, bien por la vía de la concesión o licencia en suelo de propiedad privada, y cercenó toda posible iniciativa privada del emprendedor individualista en la explotación del subsuelo que se mantuvo atado a concesiones o prebendas otorgadas por el cacique gubernamental de turno, desafuero económico que se ha prolongado a través de los siglos hasta nuestros días, ya que ninguna nación hispana de América ha tenido gobiernos que estuvieran por la labor de otorgar a la propiedad del suelo la del subsuelo por serle intrínseca; esto habría significado pérdida de poder político que ningún político cede de buen grado.
Una prueba fehaciente de lo que ha significado para Hispanoamérica el control omnímodo del subsuelo por parte del Estado la tenemos en la demoledora diferencia que existe entre el desarrollo económico experimentado por la América Sajona (América del Norte) y la Hispana (Centro y Sur América); no es gratuito que la economía de la América Hispana lleve siglos por los suelos comparada con el Norte del continente, no pudiéndose argumentar que ello es debido al carácter indolente hispano o sureño para justificar semejante desigualdad en el desarrollo de ambas Américas; la razón básica está en que en la América del Norte los sajones británicos implantaron desde los comienzos de su colonización el derecho irrenunciable a la propiedad privada en suelo y subsuelo traído al Nuevo Mundo desde Inglaterra, lo que vino a generar múltiples actuaciones individuales de emprendedores en todo lo relacionado con el suelo que es básico para cualquier desarrollo económico. La América hispana, por el contrario, fue encadenada, al igual que la Metrópolis, a las leyes de la Corona que, si bien escribió capítulos de humanidad plagados de aciertos y generosidad, no soltó prebenda alguna sobre el subsuelo y condicionó a sus dominios, especialmente a las Españas de América, a un desarrollo económico en manos de un puñado de individuos, no siempre de buen hacer y desdeño del enriquecimiento propio.
¿Consecuencias de esta avidez por el control del suelo? Están ahí para ver y tocar, especialmente en la América Hispana. El éxodo de hispanoamericanos hacia la América Sajona en busca de un medio de vida es espectacular y no precisamente porque sus respectivos países sean pobres por naturaleza sino porque su desarrollo económico ha estado en manos de pocos mientras que la iniciativa emprendedora de muchos ha sido ahogada por las normas disuasorias impuestas a través de los siglos, entre ellas el fatídico “Ordenamiento de Alcalá” de 1348 del rey Alfonso XI, un verdadero derecho Real de pernada económica impuesto por la Corona del Descubrimiento y mantenido en el correr de los siglos a todo lo que se movía relacionado con el subsuelo.
Ahora puede que se suscite la pregunta: ¿y qué pintamos nosotros los grancanarios en todo este rollo sobre el suelo? Sí, no hay duda que la pregunta es de cajón y voy a intentar trasladar a nuestro contexto de forma resumida a dónde me lleva esta exposición sobre el suelo en Hispanoamérica. Veamos:
Si bien el control del subsuelo por el Estado en las naciones de Hispanoamérica atrasó el desarrollo económico de las naciones hispanas comparado con sus vecinos del Norte, podemos decir que la influencia que tuvo el escaso desarrollo del subsuelo en sus vidas cotidianas no fueron determinantes puesto que casi nadie contaba con ese factor como de vital importancia para el día a día de la vida; es decir, había otras actividades sobre el basto territorio con las que poder ir tirando. Por tanto, la no explotación del subsuelo en todas sus posibilidades no fue vital para el vivir cotidiano. ¿Y cuál podría ser el dato comparativo de la América Hispana con Gran Canaria en lo que a sus respectivas dependencias del suelo se refiere? Ahí está precisamente el quid de la cuestión: para la América Hispana el monopolio y control que el Estado ejercía y ejerce sobre el subsuelo no era determinante, como he mencionado, para subsistir mientras que en Gran Canaria el control exacerbado y el intervencionismo que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo sobre el suelo de titularidad privada en Gran Canaria en las dos últimas décadas sí ha sido y sigue siendo determinante para la subsistencia de una importantísima parte de la ciudadanía grancanaria. Me explico:
Si bien no puede decirse que la explotación o no explotación del subsuelo grancanario sea determinante para que mejore o empeore el status de vida de un número significativo de grancanarios, sí podemos asegurar que en las cuatro últimos décadas el 75%, aproximadamente, de la economía de la Isla ha dependido del binomio turismo/construcción, ambas actividades ligadas intrínsecamente al suelo; es decir, una actuación racional sobre el suelo ha venido dando sustento al 75%, bien directamente relacionados con el binomio citado o de forma indirecta, de los grancanarios. Y bien, ¿qué problema hay?, tal vez se pregunta el lector. El problema que hay es muy gordo, gordísimo porque el intervencionismo y control desmesurado que los Gobiernos canarios han venido ejerciendo desde comienzos de la década de los noventa hasta el día de hoy ha hecho totalmente imposible que Gran Canaria pudiese actualizar su oferta alojativa con camas hoteleras de calidad, lo que viene exigiendo el mercado desde la década de los ochenta, y ha perdido el liderazgo del mercado turístico de invierno en Europa en beneficio de Tenerife, que está en camino de triplicar a Gran Canaria en su oferta de camas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, mientras que Gran Canaria mantiene en su inventario un abultado número de camas extrahoteleras de bajísima calidad que están predestinadas a quedar fuera del mercado a muy corto plazo en una cuantía que rondará las 80.000 camas repartidas desde Bahía Feliz hasta Mogán, lo que pone de manifiesto que la sangría de despedidos por cierre de complejos extrahoteleros en el Sur de la Isla tienen remotas posibilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo porque las moratorias del 2001 al 2003, la del 2003 al 2009 (Ley de Directrices) y la del 2009 hasta cuando el Gobierno de turno quiera (Ley de Medidas urgentes) han aniquilado al binomio construcción/turismo y, con ello, la creación de nuevas camas de calidad que nos proyectaran nuevamente a la primera línea del mercado turístico europeo y absorbiera la mano de obra que está quedando ociosa por el cierre de complejos extrahoteleros, especialmente en el Sur de la Isla.
Así las cosas, al día de hoy tenemos unos 250.000 personas en las listas del paro en Canarias de los que un 50%, aproximadamente, son grancanarios, todos ellos con escasísimas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en los próximos años, tanto en la construcción como en la hostelería. Por otro lado, el intervencionismo e injerencia desmedida de la política en el mundo de la economía y la iniciativa privada ha originado un fuerte retraimiento del inversionista porque ha creado una tremenda inseguridad jurídica y zozobra al inversionista el hecho de que lo que es hoy válido para un gestor político mañana deja de serlo para el que le pueda sustituir en el cargo y que la política dicte a placer lo que se puede hacer sobre un suelo ordenado -después de haber sido aprobado por todas las instituciones competentes lo que se puede hacer en los pertinentes Planes Parciales- cuándo se puede hacer, cómo se tiene que hacer y en cuánto tiempo hay que hacerlo, utilizando para ello incluso leyes que bordean la trampa como es el caso de la reciente Ley de Medidas Urgentes en la que se fijan condicionantes para la realización de proyectos que son imposibles de cumplir, como pudieran ser los hoteles escuela, con los que el Gobierno pretende que el empresariado asuma sus obligaciones docentes, o el desarrollar proyectos en el plazo rígido de tres años en una situación de recesión aguda de la demanda turística que desaconseja el invertir, de momento, en nuevas camas turísticas. Todo esto con la penalización de la desclasificación del suelo, la expropiación y una retahíla de otras medidas coercitivas y penalizadoras, por lo que cabe preguntarse: ¿este panorama tan desolador es atractivo para un inversionista, especialmente si es foráneo? o ¿es de recibo una ley que obliga a construir un hotel en un tiempo record de tres años, so pena de ser desclasificado el suelo, cuando la inversión tiene gran riesgo de rentabilidad por falta de demanda en el mercado? o ¿Se puede penalizar por ley al propietario de un suelo debidamente ordenado con la desclasificación del suelo si no construye un hotel escuela como única posibilidad de construir, cometido docente que corresponde al Departamento de Formación del Gobierno? o, Si todo este trajín de moratorias para acá y para allá tienen la finalidad del “ni una cama más”, ¿cómo es posible que se penalice con desclasificación del suelo a quien no construya más camas porque no tiene mercado para ellas, por ejemplo? o, si la política del Gobierno sigue siendo el “ni una cama más”, ¿cómo vamos a recibir turismo de calidad en número suficiente para poder reincorporar a los hoy existentes desempleados al mundo del trabajo si nos falta la infraestructura receptiva -camas hoteleras de calidad- para ello? Tal vez alguien dentro del mundo político que dirige nuestro destino tiene la respuesta de qué fue primero, el huevo o la gallina… porque esa respuesta aquí podría ser de utilidad.
CONCLUSIÓN FINAL
HISPANOAMÉRICA: El monopolio de la Corona de España sobre el subsuelo de las naciones de Hispanoamérica, además del territorio metropolitano pues América no fue una excepción, lastraron de forma relevante sus respectivos desarrollos a través de los siglos y hoy el lastre continúa; no obstante, siguen ‘tirando’ hacia adelante porque sus territorios son inmensos y sus posibilidades también.
GRAN CANARIA: La congelación del crecimiento económico de la mano del intervencionismo, injerencia y control férreo del suelo ordenado de propiedad privada por parte de los Gobiernos de Canarias ha llevado a Gran Canaria a una situación drástica de paro de dificilísima solución y a un retroceso muy grave en nuestro liderazgo, tantos años mantenido, de la oferta turística de invierno en el mercado europeo. Gran Canaria no sigue ‘tirando’ hacia adelante, está en regresión, vamos hacia atrás, peor que Hispanoamérica porque nuestro abanico de posibilidades de desarrollo económico se reduce a dos sectores: TURISMO/CONSTRUCCIÓN. Ninguno de los demás sectores económicos de la Isla es alternativa en la actualidad al modelo turismo/construcción. La salida de la crisis canaria no es fácil pero el binomio citado es el único camino, no hay otro ahora mismo, y ese camino tiene que ser allanado por nuestros dirigentes políticos sacando ‘la cuchara’ del suelo ajeno, no dando más ‘chutes’ de intervencionismo al enfermo y dejarlo que por sí mismo se recomponga, recupere su pulso y constantes vitales y podremos ver como, por sus propios pies, sale de la UCI tan pronto como ‘escampe’ en el exterior..
Mismo artículo con información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de diciembre de 2009.
Daniel Garzón Luna

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXIX) (REPETICIÓN)

El 19 de julio de 2006 publiqué en la prensa digital local y en mi página web un comentario a cuento del informe económico anual correspondiente al año 2005 de la Confederación Canaria de Empresarios que hoy sigue siendo de actualidad, precisamente porque se ha puesto en marcha una 'ola' demonizando al mundo empresarial hasta el punto que se está pretendiendo hacerlo responsable de la crisis económica y, sobre todo, del desastre del número de parados.

Los apuntes sacados en esa època de declaraciaones de responsables del mundo empresarial canario, de la provincia de Las Palmas para ser más concreto, ponían ya de manifiesto en el 2006 cuáles eran los grandes problemas que estaban ahogando la economía de Gran Canaria, especialmente, y no dudaban en señalar sin tapujos a la Ley de Directrices o Moratoria Turística como la piedra de toque causante de gran parte o de casi todo el problema de nuestro estancamiento económico. Lo que el mundo empresarial de Las Palmas denunciaba en el 2006 seguía siendo denunciable en mayo del año en curso, mes en el que se aprobó la nueva moratoria o Ley de Medidas Urgentes, pues se había multiplicado por cuatro los factores que entonces estrangulaban nuestro crecimiento, y, no obstante, volvimos a las andadas con otra moratoria, en plena crisis económica mundial. ¡De película, usted, de película! Esto se cuenta en cualquier cancillería del mundo, no sólamente de Europa, y nos toman por incorregibles extraterrestres.

Les dejo con mi comentario de julio de 2006; les puede resultar interesante si tienen la paciencia de apurarlo hasta el final.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de 2009.

21 julio de 2006

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXIX)

LA CCE DENUNCIA LA RECESIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA CON RELACIÓN A TENERIFE Y LAS OTRAS ISLAS
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El pasado día 14 de julio la prensa local, tanto la de papel como la digital, publicó una amplia información sobre el informe económico de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas que ponía de relieve el criterio de la patronal de nuestra provincia sobre la marcha de la economía con la aseveración de ser muy preocupante que Gran Canaria sea la isla que menos crece del Archipiélago.

A continuación transcribo algunos retazos del informe económico mencionado que fueron publicados por los diarios de Las Palmas “La Provincia/Diario de Las Palmas” y el “Canarias7”:
La Provincia/Diario de Las Palmas (página 26): “LA PATRONAL ADVIERTE QUE LA BRECHA ENTRE GRAN CANARIA Y TENERIFE SE AGRANDA”; “El Gobierno debe tomar nota de la evolución económica para reorientar sus polìticas e impulsar el crecimiento”; “El Ejecutivo tiene que reconsiderar seriamente la moratoria turística porque frena el desarrollo de toda Canarias”; “Queremos poner en alerta a nuestros polìticos y a la sociedad para que el equilibrio regional se lleve a la realidad”; “Es imprescindible que la reforma del REF, que es susceptible de mejorar, incorpore más supuestos de la RIC”. (Página 27): “PROPUESTAS: Moratoria. La moratoria turística ha sido uno de los principales obstáculos para impulsar el crecimiento de la economía, según la patronal de Las Palmas. La Confederación rechaza esta medida que “frena” el desarrollo y que “no beneficia a nadie””.

Canarias7 (página 2, TEMA DEL DÍA): “DESIGUAL RITMO DE CRECIMIENTO. El conjunto de las islas del archipiélago crecen, sin embargo, Gran Canaria ha ralentizado su ritmo. Tenerife, por su parte, va ganando más terreno cada año, hasta convertirse en la que lidera el crecimiento económico”; “El presidente de la CCE muestra su preocupación y critica que el Gobierno no tome medidas para conseguir un ‘equilibrio exquisito’”; “MORATORIA: Mario Rodríguez señaló ayer que la moratoria había supuesto un “frenazo” para el crecimiento de todo el archipiélago y especialmente para Gran Canaria. “No estuvimos de acuerdo y ha sido negativo””.

Aquí queda expuesto, muy esquematizado, el sentir y el criterio de la patronal de Las Palmas compuesta por casi la totalidad de los empresarios que mueven la economía de nuestra Isla, además de las otras islas de nuestra provincia. A estos señores se les podrá tachar, tal vez, de que no sean políticos por la sencilla razón que no es lo suyo pero de lo que en ningún caso se les puede tachar es de que no entiendan de economía y de que no sepan lo que están diciendo. Está más que claro que el informe de la patronal es un suspenso absoluto a la política económica del Gobierno en lo que a Gran Canaria se refiere. Ahora cabe preguntarse: ¿Y qué dice el Gobierno a todo esto? Lo que dice el Gobierno lo podemos ver en la página “ECONOMÍA” del diario “Canarias7” del día 15 pasado. Transcribo un par de frases de lo que ha publicado dicho periódico que ha dicho el portavoz del Gobierno: “EL GOBIERNO NIEGA EL DESEQUILIBRIO.

El Gobierno de Canarias, de boca de su portavoz, Miguel Becerra, acusa a la Confederación Canaria de Empresarios de realizar “una lectura victimista de la marcha de la economía canaria, creando artificiales desequilibrios entre islas”. Miguel Becerra señala que la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) está confundiendo y deprimiendo a la sociedad grancanaria con “mensajes derrotistas que poco corresponden a la realidad””.

El Gobierno, negando lo evidente, ha dicho lo que se podía esperar que dijera, es decir, descalificar el informe económico de la CCE correspondiente al pasado año tachándo al colectivo empresarial de difusores de informes mentirosos sobre la realidad económica de Las Palmas y propagadores de confusión que crea depresión y alarma en la sociedad, no reconociendo en caso alguno que la razón fundamental de que la economía grancanaria se haya estancado y haya perdido fuelle en la creación de puestos de trabajo e imagen en los mercados turísticos ha sido la Ley de Directrices o Moratoria turística que entró en vigor en abril del 2003, con su imposición de crecimiento cero al desarrollo turístico, moratoria que ya venía arrastrándose desde el año 2001 y fue rematada en el 2003 con la referida Ley. Esta ha sido la causa fundamental de la paupérrima situación en que se encuentra Gran Canaria con relación a Tenerife, como acertadamente lo consideran los empresarios de la provincia de Las Palmas. Esto lo sabe muy bien el señor Adán Martín y su Gobierno, por la sencilla razón que ATI, su partido político, ha sido la principal propulsora de la Moratoria hasta su aprobación en el mandato del anterior Gobierno y sigue siéndole ahora en lo que a su pretendida prorrogación se refiere, todo ello cumpliendo al pie de la letra con la consigna de ASHOTEL (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, El Hierro Y La Gomera), eficazmente ejecutada por la participación ática en el Gobierno. Que el empresariado grancanario denuncie esta situación y sea tachado de transmitir mensajes derrotistas a la sociedad es un despropósito monumental por parte del Gobierno porque el mundo empresarial, como cualquier otro colectivo, está en su pleno derecho de exponer sus criterios en la forma que le convenga, dentro de la corrección. Decir al presidente del Gobierno que cambie el rumbo de la política económica de su Gobierno que tanto ha contribuido a llevar a Gran Canaria a la paupérrima situación en que se encuentra es una denuncia totalmente legítima, sobre todo por parte de aquellos empresarios que se hayan visto empujados a invertir en países extranjeros por no permitírselo aquí la parafernalia burocrática impuesta por los dos últimos Gobiernos de Canarias.

Por tanto, la Ley de Directrices, que fue aprobada por el Parlamento canario el 14 de abril del 2003, tuvo una duración de tres años, es decir, su vigencia expiró el 14 de abril del año en curso. El Gobierno que preside el señor Adán Martín ya ha presentado en el Parlamento canario una petición de prolongación de esta Ley por tres años más. Huelga el señalar que esa prolongación de una ley que mantiene congelado el crecimiento de la cama turística cuadra perfectamente con los intereses del empresariado turístico tinerfeño porque tienen en el mercado una oferta de 160.000 camas hoteleras de nuevo cuño y alta calidad y no necesitan por ahora aumentar su oferta y, además, les va como anillo al dedo que Gran Canaria no aumente su oferta de 50.000 camas hoteleras, en su gran mayoría obsoletas, de forma que pueda convertirse en una seria competencia para Tenerife.

Y ahora, a la vista de los criterios publicados del empresariado de Las Palmas, corresponde hacerse el siguiente planteamiento: si el empresariado de Gran Canaria reclama al Gobierno que desista de su empeño de prorrogar la Ley de Directrices o Moratoria y el Gobierno hace caso omiso a esa petición, teniendo muy en cuenta que el empresariado turístico de Tenerife sí reclama la prolongación por tres años más de dicha Ley, ha lugar a hacerse la siguiente pregunta: ¿está el Gobierno del señor Adán Martín beneficiando los intereses del empresariado turístico tinerfeño en detrimento de los grancanarios? Por favor, que no me salga su portavoz ‘vendiéndome la burra’ porque no se la voy a comprar.

Así las cosas, como quiera que, según se desprende de declaraciones a la prensa de dirigentes del PP, el Partido Popular no está por la labor de volver a tropezar dos veces en la misma piedra votando afirmativamente en el Parlamento la prorrogación de esa Ley, sólo le queda a ATI (Asociación Tinerfeña de Independientes), la impulsora de la petición de prorrogación, la posibilidad de conseguir la aprobación parlamentaria de dicha Ley si cuenta con el apoyo del PSC (Partido Socialista de Canarias). ¿Y cual es el posicionamiento del PSC al respecto? Por lo que se ha filtrado a la prensa, todo parece indicar que el PSC está por la labor de complacer a ATI y al Gobierno del señor Adán Martín para que la prórroga sea aprobada por el Parlamento. Aquí también ha lugar a hacerse la siguiente pregunta: ¿está el PSOE grancanario comprometido con su isla, su desarrollo y el progreso de sus habitantes, como se supone, o, por el contrario, actúa y presta sus votos a ATI cuando los intereses de ATI así se lo exijan, funcionando como mera sucursal de la presidencia socialista canaria instalada en Tenerife? Va siendo más que hora que el PSOE grancanario encuentre el Norte y abandone la seducción del plato de lentejas y asuma, en lo que a Gran Canaria se refiere, el papel que le corresponde en las grandes decisiones del archipiélago que, por su importancia en el contexto político canario, está en la inigualable situación de poder tomar parte en todas ellas en defensa de los intereses de Gran Canaria y, por supuesto, sin que ello tenga que menoscabar los legítimos intereses de las demás islas. Tiene en sus filas masa gris para dejar y tomar; sólo hace falta que la hagan funcionar en la dirección adecuada y en la solución de los problemas que día a día agobian al ciudadano grancanario, tanto de a pie como de a caballo. Tampoco le vendría mal a más de uno de sus dirigentes que Sebastián se diera un garbeo por estos lares y les trajera algún que otro apunte sobre la economía liberal y su mundo, mundo que es, caso que alguno siga sin saberlo, en el que nosotros estamos inmersos. En todo caso, está clarísimo que lo que ocurra en Gran Canaria en los próximos tres años en el campo de la economía, que por supuesto implica el empleo, está en manos del Partido Socialista grancanario. Si dentro de tres años hemos pasado de los actuales 135.000 desempleados en Canarias a 180.000 que no vengan echándole las culpas ni a los empresarios grancanarios, ni a Soria ni a ATI porque serán ellos, los socialistas grancanarios, los únicos responsables y culpables de tal situación si persisten en su propósito de apoyar la petición de ATI y del Gobierno del señor Adán Martín de prorrogar la Ley de Directrices o Moraria al crecimiento turístico por tres años más. Que no olvide nadie que cuando entró en vigor en abril del 2003 la Ley de Directrices había en Canarias 92.000 parados y hoy, después de tres años de vigencia de dicha Ley, tenemos los mentados 135.000.

Aunque huelgue el mencionarlo, pero para evitar posibles malos entendidos, quiero dejar constancia expresa que el criterio vertido en este escrito es mío, exclusivamente mío, y no lo escribo en nombre ni representación de ninguna asociación empresarial o política.

Mismo artículo con ilustración gráfica en mis páginas web: http://danielgarzonluna.blogspot.com y http://zxcvbn14.spaces.live.com

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2006.
Daniel Garzón Luna

Repetición, por su rabiosa actualidad, del artículo que sigue, publicado el 24 de noviembre del 2008

24 noviembre
EL FANTASMA DE LA RECESIÓN ENCOJE AL MUNDO, PERO...¿QUÉ PASA CON CANARIAS?
EL FANTASMA DE LA RECESIÓN ENCOJE AL MUNDO, PERO…¿QUÉ PASA CON CANARIAS?
Es norma, dentro del ‘manual’ de comportamiento de la presidencia de la Casa Blanca en situaciones de crisis mundial, de transmitir a la sociedad norteamericana, y al mundo en general, imágenes placenteras del presidente jugando al golf en su mansión o rancho de retiro. El dar una sensación a los suyos y al resto del mundo de que ‘todo está bajo control’, que ‘no pasa nada’ y que los EEUU tienen recursos para afrontar cualquier reto es el A B y C de dicho ‘manual’. Por consiguiente, lo que hemos podido presenciar este fin de semana en que el presidente del país aún líder del mundo haya prescindido de la foto de ‘obligado cumplimiento’ jugando al golf en momentos de crisis y se enfrascara en una reunión al más alto nivel con líderes mundiales con el fin de encontrar una salida a la crisis financiera y económica que asola al mundo, a la recesión en el crecimiento económico en que ya ha entrado Occidente, especialmente, y al pavoroso fantasma de la inflación que suele cerrar filas como tercer ‘jinete del apocalipsis’ -el despido masivo de trabajadores y el chorro de cierres de empresas ya es un hecho-, es una prueba inequívoca de la gravedad de la situación
Y dentro de esta vorágine de posicionamientos dialécticos por doquier sobre lo demoníaco y lo divino del sistema económico de libre mercado y frenética actividad de los más altos dirigentes mundiales ¿qué decisiones se están tomando aquí en Canarias por parte de nuestras fuerzas vivas responsables de la marcha de nuestra economía para hacer frente a esta situación? A la vista de lo que se está ‘moviendo’, podemos aseverar que ninguna. ¿Ninguna decisión con la que está ‘cayendo’?, puede que se pregunte el lector; sí, efectivamente, ninguna de efectos a corto plazo. Me explico: Nuestra actividad económica se basa casi en un 80 % en el binomio construcción-servicios (turismo esencialmente) y son los únicos sectores de nuestra economía que pueden contribuir en algo a la reactivación de la vida económica en Canarias en la situación en que nos encontramos; todas las otras actividades que pudieran ser alternativas al citado binomio en esta situación de regresión están inmersas en procesos de estancamiento o desaparición desde hace mucho tiempo, como son el caso de la agricultura y la pesca; por consiguiente, no hay más remedio que recurrir a la única actividad que puede paliar someramente la recesión de la actividad económica en que hemos entrado si se propician las condiciones a la inversión privada para ello. Por tanto, a quienes corresponda, especialmente al Gobierno y a los que tienen la ineludible e inexcusable obligación de apoyarlo desde la oposición en cualquier decisión que tome que pueda aportar algo de ayuda a reactivar la economía, tienen ante sí la inexcusable obligación de desbrozar toda la maraña de normas y burocracia que nubla el panorama inversor para que quienes sigan creyendo que la inversión en Gran Canaria aún tiene futuro apuesten por el riesgo de emprender cosas y puedan hacerlo dentro de un ambiente de más seguridad jurídica y menos incertidumbre que hoy ensombrece el iniciar cualquier proyecto en Gran Canaria.
Ahora cabe hacerse algunas preguntas: Gran Canaria tiene la tasa de paro más alta de todo el Archipiélago -alrededor de las 80.000 personas- ¿existe alguna posibilidad que esta tasa descienda dentro del panorama de extrema inseguridad jurídica, intervencionismo y burocracia que acogota la actividad económica de nuestra Isla? ¿Cree realmente alguien del cuadro de los políticos en el candelero que en la situación de recesión económica en que está inmerso el mundo `podemos esperar que inversores vengan a poner sus dineros en Gran Canaria con la imagen de inseguridad jurídica que nos hemos trabajado? Todo parece indicar que no nos caerá la breva de que vengan inversiones que nos hagan salir de nuestro proceso de destrucción de puestos de trabajo y regresión de nuestro crecimiento económico. Y en el supuesto caso que se produjera un milagro para Gran Canaria y su oferta de empleo sí despuntara con inversiones foráneas ¿en qué sector podría ocurrir, en el cultivo del plátano, del tomate, de la pesca, o reinventando mercado para la cochinilla? No hace falta ser un sesudo economista para saber que ninguna actividad de las citadas contribuirá a paliar el desempleo existente en la actualidad; todos sabemos, y el que no lo sabe es porque no quiere saberlo o no le interesa en sus estratagemas políticas, que el único camino es el binomio construcción-turismo. ¿Y quien nos dice que en la situación de descomposición financiera y económica que vive el mundo del dinero haya inversionistas esperando a que políticos grancanarios les den luz verde para lanzarse a construir hoteles en serie en Gran Canaria? ¿Pero acaso alguien con mentalidad lógica de economía se le ocurre pensar que los más que leoninos condicionantes que contiene el proyecto de ley de Medidas Urgentes elaborado por el Gobierno - y ahora pendiente de discusión en el Parlamento- son un acicate para que inversores vengan a meter su dinero en Gran Canaria en un momento de recesión como está viviendo el mundo? ¿Por qué los políticos que rigen el destino de Gran Canaria no consideran el referente de lo que ocurrió en la crisis turística que abarcó desde 1978 a 1983 y contrastan los datos de la época y podrán constatar que, sin ninguna ley de moratoria existente, en Gran Canaria sólo se construyó un hotel en los seis años de la crisis? ¿Por qué siguen empecinados en mantener una moratoria a todas luces innecesaria y suicida, tanto en lo turístico como en las demás actividades económica de la Isla, en una situación de regresión económica y posible estancamiento en la llegada de visitantes, o, incluso, también regresión? ¿Cómo se le va a dar respuesta a los 200.000 parados que ya están en las filas del paro si la única actividad presumiblemente posible sigue congelada por medio de la Moratoria? ¿Está dentro del cometido del Gobierno la protección de los hoteles existentes y camas extrahoteleras obsoletas de Playa del Inglés no autorizando la construcción de más hoteles en clara injerencia en la economía de libre mercado, del crecimiento económico y, por ende, creación de puestos de trabajo?
Y referente al proyecto de ley de Medidas Urgentes pendiente de debate en el Parlamento y la postura acérrima del ‘bloque inmovilista’ de las izquierdas para machacarlo y obligar al Gobierno a bajarse los pantalones y retirarlo, debo mencionar que sí participo totalmente con Fernando López Aguilar el criterio que debe ser devuelto al Gobierno pero no en la línea que él y su partido, el PSC, persigue que es que se convierta en una nueva Moratoria que sea un cierre total y absoluto a la construcción de nuevos hoteles, sino para que se convierta en una ley derogadora, total y absolutamente derogadora, de la aún vigente Ley de Directrices que ha puesto ‘garrote ’ al cuello de Gran Canaria e inexorablemente la va asfixiando hasta el extremo que ya no somos líderes en nada, ni en el mercado turístico de invierno en Europa en el que sí lo fuimos durante muchos años pero hemos sido desbancados por nuestra competencia, ni en número de visitantes, ni en ingresos por turismo, ni siquiera en la información televisiva del tiempo en las televisiones nacionales, ….aunque sí podemos vanagloriarnos de ser líderes en el número de menesterosos a la puerta de los comedores de Carita, al número de minusválidos físicos y mentales sin una cama en un hospital especializado, al número de los sin techos en nuestras calles y al número de parados que ha aumentado a cifras inimaginables hace una década.
Y a todo esto, con la que está cayendo y la que lleva trazas de caer, el ‘bloque inmovilista’ de las izquierdas grancanarias sigue sólo pendiente y ocupado en ver la forma de poner al Gobierno contra las cuerdas y ‘fusilarlo’, como sea, con actitudes tan de ‘leña al mono hasta que hable inglés’ como las pronunciadas por Fernando López Aguilar, publicadas en “LA PROVINCIA/DLP el pasado día 22, en que dijo: “Vamos a cambiar el Gobierno canario cuanto antes, pero sin atajos”. Siempre pensé que son las urnas las que cambian los gobiernos pero parece ser que el borrador de la ley de Medidas Urgentes reúne la suficiente carga de posible populismo que, bien ‘administrado’, puede franquear esa puerta obligando al Gobierno a retirar el borrador o a añadir aún más exigencias a su ya de por sí leonino articulado de forma que sea ‘infumable’ para cualquier inversor turístico, y, por consiguiente, no se mueva una piedra, fin irresponsablemente perseguido.
Así las cosas, con esta brutal injerencia e intervencionismo en la economía de mercado a la que pertenecemos, con el consiguiente detraimiento, bien voluntario o forzado, de la iniciativa privada, hay que sumarle, porque es una cruda realidad, el anuncio del fin de los fondos europeos para las periferias, una ‘teta’ que ya ha dado lo que tenía que dar, a juzgar por las declaraciones al “CANARIAS7” del pasado día 22 del señor Juergen Donges, director del Instituto de Política Económica de la Universidad de Colonia, uno de los asesores económico de la señora Angela Merkel, canciller de Alemania, que dijo lo siguiente: “Canarias debe empezar a estudiar cómo desarrollarse sin fondos estructurales europeos porque es una de las regiones que, tras la ampliación de la UE, deberá olvidarse de dichas ayudas”.
Ante este panorama, podemos vaticinar que nos va a ir bonito con un Gobierno ‘arrugado’ ante las bravatas de una oposición ejercida a ‘cara de perro,’ más centrada en sus fines políticos que en apoyar y dar soluciones a la recesión económica en que ya está sumida Canarias, con todo el chorro de miseria que expande a diestro y siniestro pero hacia los menos favorecidos, especialmente.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre de 2008.
Daniel Garzón Luna
Mismo artículo con ilustración gráfica en mis páginas web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/ y http://zxcvbn14.spaces.live.com/

LA PRETENDIDA SOBERANÍA BRITÁNICA SOBRE GIBRALTAR

LA PRETENDIDA SOBERANIA BRITÁNICA SOBRE GIBRALTAR

El asunto de Gibraltar es un tema añejo, desconocido e ignorado por la gran masa de españoles pero precisamente por lo añejo resulta ser como la dignidad del ser humano, perdura por los siglos de los siglos y el que no la ha perdido en el camino de la vida la conserva como un precioso tesoro y don especial e irrenunciable. La reivindicación de España sobre Gibraltar perdurará siempre, siempre que sigan existiendo ciudadanos sobre la Piel de Toro que sientan a España como la Tierra que les dio la vida y por la simple razón que es un trozo desgajado de España que perdimos temporalmente, y, lo mismo que España perdió su poderío de antaño, igualmente le ocurrirá a Gran Bretaña, por mucho que transcurran años, y entonces habrá sonado la hora de la reincorporación del Peñón a la unidad nacional porque serán los propios mercaderes apátridas del Peñón los que clamen por integrarse en España, esa España que hoy tanto denostan porque el incorporarse ahora a ella significaría para ellos el límite o fin a los negocios fáciles y sustanciosos de la amplia gama de actividades ilícitas que hoy colma de beneficios a los moradores del Peñón. Por tanto, cuando las cañoneras de la Royal Navy vuelvan a casa a guardar sus propias costas de las nuevas invasiones de desesperados, que vendrán, entonces la ‘breva’ estará madura para caer por su propio peso y los monos que hoy moran en el Peñón partirán raudos hacia las tierras africanas de sus antepasados.

De todas maneras, aparte de lo que el futuro nos depare, y antes de entrar en mi comentario sobre los últimos incidentes ocurridos en las aguas españolas de Gibraltar, comienzo por reproducir, en lo que concierne la pretendida soberanía británica sobre el Peñón, el Artículo X del Tratado que se ocupa del traspaso de la propiedad del Peñón a Gran Bretaña por parte del Rey de España, a la sazón Felipe V de Borbón. Veamos el texto del Artículo X:

“El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce en entero derecho, y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”. En el párrafo siguiente dice: “……….que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra………” (la negrilla y el subrayado no es propio del texto del Tratado).

Como podrá ver el lector, la palabra soberanía no aparece por ninguna parte y no valen interpretaciones interesadas puesto que propiedad nunca es soberanía. De haberse efectuado la venta política con el añadido de la cesión de la soberanía sobre el territorio transferido, los británicos sí podrían alegar hoy que la Guardia Civil se metió en sus aguas, en el supuesto caso que las aguas estuviesen delimitadas. Como el Tratado no les confiere ningún derecho, absolutamente ningún derecho sobre las aguas limítrofes al Peñón pues lo tratado se ciñe exclusivamente a “su puerto”, esas aguas son españolas, total y absolutamente españolas y, si los británicos campean por ellas como si les fuesen propias ha sido y sigue siendo debido a que España ha hecho dejación de hacer prevalecer su soberanía sobre ellas con absoluta determinación ‘in situ’ y en los foros internacionales y haber admitido esta situación como normal cuando debía haber expulsado a los intrusos en sus aguas con los medios que le son habituales a toda policía de frontera. ¿Que esto podría traer consigo una confrontación en el Estrecho con la Armada Británica? Por supuesto que sí, pero para eso pertenecemos a una organización tan importante como es la propia OTAN y un rifirrafe fronterizo entre dos socios no dejaría de obligarla a poner las cosas en su sitio, imperando el peso de la legalidad internacional, el derecho y la razón.

Dejado meridianamente claro que las aguas que circundan el Peñón son españolas y no británicas, y como quiera que los últimos incidentes han sacado nuevamente a colación el asunto de la pretendida soberanía británica sobre el Peñón, quisiera poner de manifiesto algunos equívocos, rayanos en la ignorancia, que imperan en la ciudadanía española sobre esa pretendida soberanía sobre Gibraltar por parte de Gran Bretaña, ignorancia acentuada en los ministros españoles de Asuntos Exteriores, especialmente el tal Moratinos que a micrófono abierto, para más inri, y con el fin de ser escuchado por todo el mundo mundial, especialmente los miembros de las Naciones Unidas, difundió hace días que “España no renuncia a la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar”.

Este señor ministro, responsable de las relaciones de España con el mundo fuera de nuestras fronteras, demuestra con esas palabras una ignorancia histórica extrema sobre el contencioso de Gibraltar. Precisamente el ministro español que tiene a su cargo el negociar la devolución del Peñón y que, por tanto, debería conocerse hasta la última coma del Tratado de Utrecht que da soporte jurídico a la presencia británica en el Peñón, lo ignora pero no en el concepto de que pasa de él, que eso le es congénito como lo demuestra su vergonzosa visita a Gibraltar el pasado julio, sino que no conoce su contenido, porque, de lo contrario, no se le ocurriría decir a voz en grito en los micrófonos la estupidez de que España no renuncia a algo que ya tiene y que nuca cedió: la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar.

Ha lugar a mencionar de forma muy escueta de dónde viene el ‘lío’ del Peñón con Gran Bretaña. Veamos:

El Peñón de Gibraltar fue una venta política impuesta por el Rey Luís XIV de Francia (también llamado Rey Sol) a su nieto, Felipe V de Borbón, rey de España; que, junto a Menorca y otros trozos de la España de ultramar, fueron entregados a Gran Bretaña a cambio de que Francia no tuviera que sufrir una capitulación denigrante y pudiera conservar ‘los muebles’ manteniendo sus fronteras de la metrópoli casi intocable después de haber sido derrotada en la Guerra europea de Sucesión a la Corona de España por los aliados del Imperio Austro-Húngaro -precursor de la disputa de la Corona por ser el archiduque Carlos de Habsburgo aspirante a la misma- entre los que se encontraban Gran Bretaña. (Es preciso mencionar que, si bien los ejércitos franceses fueron aplastados por los ejércitos aliados, no fue el caso en España donde el propio archiduque Carlos y sus aliados, entre ellos el reputado general inglés de caballería Stanhope, fueron totalmente derrotados en diciembre de 1710 en las batallas de Brihuega y Villaviciosa (Guadalajara)). De esta manera, trozos de suelo español, como Gibraltar y Menorca(Menorca fue recuperada por Carlos III en febrero de 1782), además de territorios de Ultramar, pasaron a ser propiedad de Gran Bretaña que negoció con Francia un armisticio a espaldas de sus aliados. (Esta denigrante traición a sus socios de guerra originó un tremendo revuelo político en Gran Bretaña que dio con los huesos del Ministro de Hacienda (Primer Ministro), Harley, conde de Oxford, en una mazmorra de la Torre de Londres y el Ministro de Exteriores, Henry Saint John, tuvo que exiliarse en Francia de por vida, los dos artífices británicos del Tratado de Utrcht).

Esta cesión fue una venta de suelo que implicaba la propiedad de dicho suelo pero no la soberanía sobre el mismo; por tanto, si bien el mentado Artículo X del Tratado dice que Gran Bretaña puede disfrutar de la propiedad del Peñón a perpetuidad, no menciona en absoluto que la propiedad lleve implícito la soberanía sobre ese suelo y, como quiera que hay mucha desorientación en la ciudadanía española sobre propiedad y soberanía con relación al asunto de Gibraltar, podemos centrar la diferencia en que la soberanía sobre un territorio implica la disposición absoluta sobre el mismo en todo los aspectos y, en el caso de Gibraltar, supondría: propiedad absoluta sobre el suelo y subsuelo, (ojo al factor subsuelo porque en España el subsuelo es propiedad exclusiva del Estado y excluida de cualquier compra-venta, (Ley del Rey Alfonso XI denominada Ordenamiento de Alcalá de 1348 que se ha mantenido en vigor a lo largo de los siglos)- y sólo se puede explotar de alguna forma -caso explotación minera- con autorización expresa por parte del Gobierno de la Nación, potestad transferida ahora a algunas Comunidades Autonómicas); soberanía sobre el espacio aéreo (imposible incluir en el Tratado porque a la sazón solo volaban los pájaros y las cometas de los niños); y soberanía sobre las aguas limítrofes con el Peñón. Por otro lado, un territorio en propiedad -caso del actual Gibraltar- puede perdurar a lo largo de los años pero nunca llevando implícito los derechos enumerados con anterioridad que sólo los confiere la soberanía y que, de tenerlos, podría culminar en la constitución de un Estado independiente.

Así las cosas, podemos aseverar sin equívocos que los británicos están disfrutando, en todo lo que concierne a Gibraltar, de las facilidades que nosotros le hemos permito y otorgado a través de los siglos, como es, por citar un ejemplo, el caso del aeropuerto construido por la cara, -aprovechándose del ‘lío’ español de la Guerra Civil- en el ‘suelo de nadie’ entre las dos fronteras y al que nuestro señor ministro de Exteriores ha dado, con suma generosidad y como cosa de su propiedad, respaldo de legalidad autorizando el aterrizaje de aviones españoles en ese aeropuerto hasta ese día ilegal, y, sin la menor de las dudas, porque su potencia militar ha sido superior a la nuestra ya desde antes de la batalla de Trafalgar y se ha mantenido superior hasta la actualidad en que ellos son una potencia bélica nuclear con submarinos nucleares incluidos y nosotros tenemos lo que tenemos, que no es mucho, y estamos donde estamos, que no es precisamente en la ‘champion league’, aunque así lo crea nuestro querido presidente, como lo demuestra el pim, pam, pum que se han permitido los ‘tommies’ británicos con la bandera roja y gualda que en 1785 Carlos III escogió personalmente (que no Franco) para la Armada española (en 1843, en el reinado de Isabel II, fue institucionalizada para todas las armas e instituciones españolas), precisamente para lo contrario del tiro al blanco ejercitado sobre Ella por los ‘tommies’, es decir, para que en batalla las naves españolas se reconocieran sin confusión y no cayeran en el error del ‘fuego amigo’ lo que no era el caso con la bandera aspada con fondo blanco -cambiado a amarillo por Carlos I- que trajo Felipe El Hermoso de los Países Bajos, bandera ésta utilizada en la época de forma muy genérica.
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Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2009.
Daniel Garzón Luna

Y LA MONTAÑA PARIÓ OTRO ENGENDRO: LA LEY DE MEDIDAS URGENTES

Y LA MONTAÑA PARIÓ OTRO ENGENDRO: LA LEY DE MEDIDAS URGENTES
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El ex ministro de Comercio y Turismo del Gobierno de España, hoy presidente del Consejo Superior de Cámaras, en declaraciones a la prensa local la pasada semana, dijo, entre otras cosas, que “Canarias paga un coste por no cambiar el modelo turismo de masas” (Maspalomasahora.com, 5-11-09). Gómez-Navarro ha puesto el dedo en la llaga con simpleza y pocas palabras pero con claridad meridiana y ello obliga, necesariamente, a un análisis de cuáles han sido las causas o razones por las que Canarias, especialmente Gran Canaria (subrayo lo de especialmente Gran Canaria), se haya quedado anclada en el turismo de masas en las tres últimas décadas del siglo XX y no se haya subido en la última década del siglo y comienzos del actual, por lo menos, al carro de la actualización de su oferta turística y adecuación a la demanda que se decantó por la cama hotelera ya en la década de los ochenta y cada día que pasa es más exigente en lo referente a la calidad. A pesar de que una y otra vez escuchamos de boca de no pocos políticos grancanarios el sempiterno postulado por un turismo de alto poder adquisitivo, en la práctica casi todos se montan al carro cuando de poner obstáculos insalvables al desarrollo de ese tipo de turismo se refiere; por consiguiente, la pregunta hay que orientarla hacia las moratorias turísticas que comenzaron con dos en el 2001, les siguió en el 2003 la Ley de Directrices o Moratoria Turística que, si bien se le suponía una duración de tres años por lo que debía quedar sin efectos en abril del 2006, perduró a través de su Disposición Transitoria hasta el 6 de mayo del 2009 -tres años más de ‘reenganche’, ¿ casual o en beneficio del empresariado turístico de Tenerife?- en que fue sustituida por la Ley de Medidas Urgentes, hoy en vigor. Todas estas moratorias turísticas han tenido como objetivo -y la que está en vigor no es diferente- cortar de cuajo toda iniciativa emprendedora en la creación de camas de calidad en hoteles de 4 y 5 estrellas. (En este análisis Tenerife puede darse por excluida pues en la década de los noventa creó suficientes camas hoteleras de calidad como alternativa -obsérvese que digo alternativa y no complemento- a la cama extrahotelera propia del turismo de masas).
Tratando de encontrar las causas por las que Gran Canaria se encuentra sumida en la apatía emprendedora de la gran mayoría del mundo empresarial y el drama que viven los casi 300.000 afiliados al paro y sus familias (podemos decir con un margen de error mínimo que el drama del parado lo sufren también, tirando por lo bajo, dos personas de su entorno cercano, lo que nos coloca en que 900.000 habitantes de Canarias ¡casi el 50% de la población! se encuentra en situación de agobio económico y precariedad), y, sin restar importancia a la sobrevenida crisis económica mundial, podemos señalar como causante fundamental del “coste que Canarias tiene que pagar por no cambiar el modelo turismo de masas”, como apunta Gómez-Navarro, al ‘juguete’ político de las moratorias al desarrollo turístico y fijación de políticos y funcionarios en puestos de suma importancia en un crecimiento cero de nuestra oferta turística, puro suicidio económico en un mercado de libre competencia en el que la innovación de la oferta está siempre en marcha y es la mejor garantía de mantenerse en su primera línea.
En lo que a Gran Canaria se refiere, hay que sumar a las moratorias de la actual década el enredo que se montó el Cabildo con el primer PIOT, aprobado provisionalmente por el Cabildo en 1992, definitivamente aprobado por el Gobierno en 1995, y mandado a la basura por los Tribunales en1998; lo que no quitó que la década de los noventa quedara en blanco para Gran Canaria en la adecuación de su oferta a la demanda de calidad del mercado. Ahora veamos la Ley de Medidas Urgentes aprobada el 6 de mayo del año en curso con el voto en contra del PSC que postulaba una ley ‘plana’, es decir, “ni una cama más”, con amenazas, incluso, de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Parece ser que para el PSC la lista de casi 300.000 parados no existe, es pura ficción y que el propietario de un suelo pretenda ordenarlo para obtener un beneficio, de acuerdo con el derecho que le otorga el Artículo 15 de la Ley del Suelo, es una felonía rayana con el delito. Así nos van las cosas cuando la oposición al Gobierno, que tiene mucho que aportar en una situación de crisis como la actual, se apunta por sistema al ‘niet’ a todo lo que emprenda el Gobierno, tanto si es bueno y necesario para Canarias como si es rechazable.
Esta ley, la 6/2009, denominada Ley de Medidas Urgentes, debería, supuestamente, impulsar nuestra economía y sacar a las Islas, especialmente a Gran Canaria, del ostracismo en que está sumida nuestra actividad económica catapultando a Canarias fuera del estancamiento, ya recesión, en que se encuentra inmerso nuestro crecimiento económico. Esta Ley, una Ley intervencionista y restrictiva de la libertad de mercado y encorsetamiento de la iniciativa emprendedora de los que siguen creyendo que tenemos aún mucho por lo que luchar con éxito, es una más, del rosario de Leyes que una serie de iluminados nos han venido imponiendo desde hace dos décadas, en lo que a Gran Canaria se refiere, y que han terminado por colocar al mundo empresarial y al mundo del trabajo grancanario de cara a la pared y en el callejón de dificilísima salida en que ahora nos encontramos. Hay una serie de ‘entendidos’ en todas las materias, especialmente en turismo, economía y libertad de mercado, con poder decisorio sobre nuestras haciendas, que desde hace décadas levitan y cada día que pasa se encuentran más cerca del cielo y envueltos en las capas gaseosas de la atmósfera con pérdida absoluta del contacto con las realidades terrestres y visión ausente sobre los terribles dramas que la sobrevenida crisis económica mundial está teniendo lugar sobre Canarias que, de ‘motu proprio’, congeló su crecimiento económico desde el 2001, con una alegría que no tiene parangón en el mundo Occidental, y ahora tenemos dos problemas graves: el creado por nosotros y el que nos ha sobrevenido-de fuera.
Como es de suponer, no es suficiente ni de recibo que se critique una Ley nueva sin que se den razones que den soporte razonado a esa crítica. A continuación saco retazos de un Artículo de la Ley de Medidas Urgentes, el Artículo 16, que habla por sí solo del espíritu genérico de intervencionismo con que esta ley sigue poniendo ‘camisa de fuerza’ a la única actividad, turismo/construcción, que puede sacar a nuestra economía del pozo en que se encuentra y puede recuperar nuestra competitividad en lo único que sabemos hacer hoy con el suficiente volumen de generación de riqueza para no perder nuestro nivel de vida: el turismo. Por tanto, a continuación, en síntesis, el meollo del Artículo mencionado para, seguidamente, comentarlo:
Artículo 16 de la Ley de Medidas Urgentes.
En las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, durante el período de tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, sólo podrán otorgarse las autorizaciones previas de las exigidas por la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, para los establecimientos alojativos turísticos, siempre que sean solicitados dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente ley, cuando tengan por objeto o sean consecuencia de:
(Sobreseo los apartados a), b), c) y d) porque se ocupan de creación de camas, una especie de tómbola de camas compensatorias donde hay que conocer bien la marcha de la ‘feria’ para poder sacar en limpio la edificación de un hotel).
e) La implantación de hoteles de cinco estrellas, de gran lujo, cuya definición, estándares y requisitos se determinarán reglamentariamente, que deberán ubicarse en suelo de uso turístico que hubiera alcanzado la condición de urbano en el momento de solicitar la autorización previa, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
1ª Que se trate de hoteles escuela en los que la actividad hotelera coexista con la formativa ajustada a los programas oficiales de Formación Profesional de grado medio superior en Restauración y Alojamiento, dirigido a un número mínimo de alumnos equivalente a un diez por ciento del número de camas autorizadas.
[Comentario: si el hotel tiene 1000 camas, cifra media, deberá dar formación a 100 alumnos, lo que significa una escuela en toda regla (la Escuela de Hostelería de Lanzarote, por ejemplo, tiene 125 plazas) y con todo lo que ello significa tanto en lo económico como en lo organizativo].
2ª Que, por su titular, se acredite la previa suscripción con el Servicio Canario de Empleo de un convenio de formación y empleo, previa autorización por el Gobierno en el marco de la Estrategia de Empleo de Canarias, en el que asume la obligación de al menos durante el tiempo de seis años desde la apertura del establecimiento, un mínimo del sesenta por ciento de las plazas que componen su plantilla quedarán reservadas para el personal formado y seleccionado con base en el expresado convenio. El proyecto deberá presentarse en el plazo de 18 meses siguientes a la publicación de esta ley, y su ejecución, que deberá llevarse a cabo con continuidad según su programación, habrá de iniciarse dentro del año siguiente a la fecha de su autorización.
[Comentario: se obliga a que durante seis años el 60% de la plantilla del hotel esté compuesta por el personal formado en base al convenio lo que significa que un hotel condicionado por esta ley a una categoría superior a las cinco estrellas tenga que dar un servicio con un personal recién formado, es decir, en absoluto a la altura de la categoría pretendida y, aparte de la visión empresarial sobre esta imposición, está por ver si este apartado de la ley colisiona frontalmente, por solapamiento discriminatorio, con la disposición comunitaria de libre movimiento de personas en la CE]
En ambos casos, la autorización incorporará, con aceptación expresa de su titular, la obligación asumida, que se hará constar en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Su incumplimiento durante el período obligado tendrá la consideración de infracción muy grave, que se sancionará, en caso de reiteración, con la clausura definitiva del establecimiento.
[Comentario: resulta difícil comprender que en plena crisis económica mundial un parlamento pueda aprobar una ley disuasoria de la inversión de semejante calado puesto que incumplimientos de las exigencias extremas que contempla la ley se producirán con frecuencia y el inversor hotelero, que seguro no será especialista en hotel-escuela, tendrá el ‘impuesto’ permanente de la sanción y un más que posible cierre del establecimiento según criterio del funcionario de turno a quien o quienes el Gobierno le beneficie con el cargo de celador de la marcha del asunto. Es casi imposible el hacer las cosas peor en una situación de desbandada del inversor a consecuencia de la incertidumbre del momento por lo que el pasado junio el Gobierno se perdió una oportunidad de oro para, en lugar de sacar la ley continuista del bloqueo del crecimiento turístico que nos ocupa, haber optado por una libertad absoluta de la iniciativa empresarial o privada que, dentro del desarrollo de los planes parciales aprobados y en vigor, generara actividad económica sin plazos expropiatorios para el desarrollo de sus proyectos que, de esa manera, serian desarrollados cuando hubiera demanda del mercado para ello pero no a la trágala por imposición de un calendario confiscatorio, ya que, en lo que a la ejecución de los proyectos se refiere, esta ley es más parecida a la cronología seguida en el desembarco de Normandía que a la ejecución de un proyecto de hotel en cuyo desarrollo siempre aparecen imprevistos, bien económicos o de trámite admistrativo, que alteran los plazos de ejecución programados, cosa que sería de menor importancia si no fuera porque esta ley lleva implícito la desclasificación del suelo o, incluso la expropiación, si se falta al factor cronológico
Por tanto, ningún inversor foráneo en su sano juicio expone su dinero en un proyecto de hotel con los condicionantes leoninos a que este Artículo 16 obliga y al que se le suma el 17 que tiene apartados puramente expropiatorios. En lo que a inversores canarios se refiere, dudo muchísimo que haya alguno que esté dispuesto a montar, para lucimiento del Gobierno de turno, un hotel escuela con todo lo que ello implica en duplicidad de algunas instalaciones y obligada disponibilidad del cuadro docente necesario, con el 10% de alumnos del total del número de camas y someterse a los rígidos controles que deberá sufrir por parte de los celadores del Gobierno, eso durante seis años que serían interminables, y siempre con la espada de Damocles sobre la cabeza por la infracción muy grave o, incluso, con el cierre del establecimiento si la infracción se repite. Hay que reconocer que a los que han redactado esta ley, y a los que la han aprobado, ilusión y optimismo no les falta. Por mi parte, me arriesgo a vaticinar que en los tres años de duración prevista de esta ley no se construirá ni un solo hotel escuela en Gran Canaria, no precisamente porque actualmente no haya ninguna presión de la demanda en el mercado, que también, sino porque la ley es ‘infumable’ para un inversor; por tanto, el bla, bla de que se propicia la creación de camas de calidad es pura retórica, por lo que seguiremos anclados en el turismo de masas.
En lo que a rentabilidad se refiere, no existe el más mínimo aliciente en invertir en un hotel-escuela en Canarias donde la amortización de la inversión en un hotel puede tomar sus quince años y, en el caso de un hotel escuela de categoría superior a las 5 estrellas, en absoluto estará por debajo de los 20 años, mientras que, de hacer la misma inversión en otros destinos turísticos emergentes (caso de Marruecos, con clima similar al nuestro) o consolidados como pudiera ser Cuba y otros países de Centro América, además de Turquía, el período de la amortización de la inversión está entre los tres y los cinco años, y, además, ninguno tiene la jungla de burocracia urbanística a salvar para poder edificar un hotel como es el caso de Canarias. Hay apartados en los Artículos 16 y 17 de esta ley que merecen un marco colocado sobre la cifra de los 300.000 parados, que estamos a punto de alcanzar, con la indicación: “Esta es la madre del cordero; rogar al Todopoderoso que ‘nunca máis’ se reedite”.
Sí, el señor Gómez-Navarro está en lo cierto, no le falta razón cuando nos dice de forma suave que hemos perdido el carro de la adecuación de nuestra oferta turística (sigo refiriéndome a Gran Canaria) a lo que desde hace dos décadas demandaba el mercado. ¿Y quién paga el pato de ese retraso desmedido en actualizar nuestra oferta de camas al mercado? Los 300.000 individuos de las listas del paro y sus familias como los más afectados. ¿Responsables? Ninguno, Señor, ninguno; todo ha sido por el ‘interés general’ y por proteger ‘nuestro’ territorio de los ‘depredadores’ de su propio suelo. ¿Y los 300.000 parados, son parte beneficiaria de ese ‘interés general’? Esos no cuentan, no pueden formar bulla, están muy ocupados con su hambre y haciendo cola en el INEM a ver si en la ‘rifa’ del día les toca un puesto de trabajo.
Mismo artículo, completo con ilustración gráfica, en mi página Web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 2009.
Daniel Garzón Luna