¿SE LE PASÓ A LA UE EL ARROZ CON TURQUÍA, SU SOCIO EN LA OTAN?

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GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXXIV - 84 -)

¿SE LE PASÓ A LA UE EL ARROZ CON TURQUÍA, SU SOCIO EN LA OTAN?

Sí, los últimos acontecimientos que han tenido lugar en las aguas cercanas a Palestina apuntan a que sí. Los dirigentes de la UE, bien instalados en los Despachos Cuadrados de Berlín y París, en particular, con el inestimable concurso de los burócratas de Bruselas y el nunca suficientemente ‘ponderado’ asesoramiento del mundo sindical comunitario, están a punto de conseguir que a la paella a compartir con Turquía se le pase el arroz y haya que tirarla a la basura. Difícilmente se puede ser tan obtusos y faltos de sentido global de lo que significa Europa en el mundo actual para obviar lo que Turquía ha significado y significa para la Unión Europea, tanto para la otrora Europa de la Guerra Fría, plena de penurias y zozobras, como la Europa actual, plena de bienestar, opulencia, buena vida, muy rica y, sumida en el recuento de monedas y control de cajas, sin tiempo ni ganas para ocuparse de su seguridad en la que Turquía ha sido y es todavía ¿Por cuánto tiempo aún? una pieza clave en el tablero internacional.

Turquía ha formado parte de la defensa y seguridad de la Europa Occidental desde su incorporación a la OTAN en 1952. La suerte quiso que la temida confrontación con la URRSS, razón básica por la que la OTAN fue creada en 1948 (Tratado de Bruselas de marzo de 1948), no se produjo pero Turquía estuvo ahí todo el tiempo y su ejército, que en la actualidad lo componen 600.000 hombres de leva obligatoria, es el mayor, después de Francia, en efectivos de personal aportado a la Organización OTAN por una nación europea con voz y voto. A título de ejemplo comparativo cito a Alemania con unos 200.000 hombres en filas y a España con unos 130.000.

La joven nación turca nació en 1922 después de la derrota y derrumbe del Imperio turco otomano que dominó durante seis siglos ¡seis siglos! el Sudeste europeo, el Medio Oriente y el Norte de África hasta Marruecos. Desde la fundación de la República turca el 23 de octubre de 1923 su voluntad europeísta ha sido constante e incuestionable, la supresión del objetivo de expansionismo territorial llevado otrora a cabo por el Imperio otomano fue una constante desde su fundación como nueva nación y la asunción de conceptos claves de corte Occidental tales como son el alfabeto latino, el calendario Gregoriano, el sistema métrico decimal y el Estado laico son hechos que han perdurado hasta nuestros días. Ha sido y es incuestionable la vocación europeísta de la Turquía de Kemal Atatürk y de la población mayoritaria de la Turquía de hoy. Esa es, contado a vuelo de pájaro, la Turquía actual, esa Turquía que nació de las cenizas del Imperio turco otomano, el aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y que desde 1952 ha formado parte, de manera muy convincente por su situación geoestratégica y efectivos de su ejército, de la defensa de la Europa Occidental ante la amenaza de la otrora poderosa URRSS. Soldados del ejército turco, dentro de sus obligaciones con la ONU y la OTAN, murieron en la Guerra de Corea en los años 1950/51/52 y 53 y hoy mueren también al otro lado del mundo, en Afganistán, prueba inequívoca de que Turquía ha cumplido y cumple con sus compromisos internacionales.

Sobre la Europa Comunitaria ha lugar a mencionar que desde que los EEUU tomaron sobre sus hombros al final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde su incorporación a la OTAN en 1949 (Tratado de Washington de 04-04-1949), la responsabilidad económica y la aportación de sus ejércitos y asumió el liderazgo de las fuerzas de la OTAN en Europa, la Europa de la postguerra, hoy la UE, pudo desligarse de las ingentes cantidades de dinero que exigía el poner al día y mantener un ejército que estuviese a la altura de poder contrarrestar las fuerzas que representaban los ejércitos de la URRSS, que nunca fueron cualquier cosa precisamente, y dedicar esas ingentes sumas de dinero a su reconstrucción, al fortalecimiento de su industria y expansión de su comercio a todos los puntos cardinales, lo que le permitió generar una actividad económica y generación de riqueza como no ha habido precedente alguno en la Historia de la Europa Occidental. Los altísimos gastos de seguridad estaban bien cubiertos por el generoso ‘Gran Hermano Americano’ que, si bien obtenía los réditos de esos enormes desembolsos de dinero y aportación de efectivos militares en seguridad por la vía de una influencia omnímoda en el mundo Occidental, cubrió el elevadísimo capítulo económico de la defensa y la Europa Occidental pudo darse el lujo de hacer real el sueño de la clase obrera europea del estado de bienestar llevando a efectos una política generosa en amplios ámbitos sociales de su ciudadanía y permitiéndose el lujo de la práctica del pacifismo en no pocas esferas de poder político. Se había producido en la Europa Occidental una silenciosa pero tácita despreocupación por los temas de seguridad nacional, en lo que a grandes inversiones se refiere, ya que subyacía la tranquilidad de la inequívoca cobertura que le daban los ejércitos de los EEUU integrados en la OTAN con su incuestionable poder por tierra, mar y aire.

En este proceso de despreocupación por los siempre en tiempos de paz contestados desembolsos en el capítulo militar, hubo tiempo y bonanza suficientes para crear el ‘Club de Bruselas’, una especie de unión de elitistas donde había que presentar muy buenas credenciales democráticas y excelente ’pedigrí’ para tener acceso al mismo, además de ser un buen mercado consumidor de equipo fabricado en las naciones que conformaban dicho ‘Club’. Sus fábricas trabajaron a toda mecha para surtir el equipo que precisaban las naciones europeas en vías de desarrollo y aspirantes a formar parte del ‘Club’ que conllevaba el participar, antes o después, de la opulencia que inundó la Europa Comunitaria en sus cuatro puntos cardinales. Todas estas naciones aspirantes a formar parte del ‘Club’ recibían, al entrar a formar parte del mismo, cuantiosas ayudas económicas para levantar sus economías y ponerlas a la altura de la de los socios ricos de la Unión, es decir, para ayudarlas a un acercamiento al PIB medio comunitario.
Turquía, socio Comunitario en su defensa a través de la OTAN como ya he mencionado, lleva intentando desde 1963, año en que se firmó el acuerdo de Asociación entre la UE y Turquía, entrar en la Comunidad Europea y en 1987 presentó oficialmente su petición de adhesión y desde entonces se ha visto vetada insistentemente por una serie de escusas y argumentos dilatorios, como es el caso del contencioso de Chipre entre Turquía y Grecia, que se han alargado ya ininterrumpidamente a lo largo de los años y que han llevado a la otrora entusiasta población turca por su ingreso en la Unión Europea como miembro de pleno derecho a una situación de frustración, apatía y a contemplar ahora con indiferencia y escepticismo dicha incorporación ya que han vislumbrado, después de tantos años de negociaciones y de retórica dilatoria y postergación estudiada, a que pueden existir causas que pudieran ser inconfesables detrás del irracional proceso dilatorio. La gran mayoría de la población turca ha estado expectante a la espera de que su nación pudiera por fin beneficiarse, con su incorporación a la UE como socio de pleno derecho, de las ventajas que le son adherentes, como son la libre circulación de personas y ayudas al desarrollo, entre otros.

A ningún observador de los aconteceres de la política comunitaria en los últimos años sobre la admisión de nuevos socios se le oculta que la política de no admisión seguida con Turquía en el seno de la Unión Europea como miembro de pleno derecho ha sido errónea, injusta y de una irresponsabilidad descomunal por parte de quienes han tenido a su cargo dicha política a lo largo de los años de existencia de la UE. Hay decisiones políticas en altos dignatarios, o decisiones no tomadas, que en no pocos casos han cambiado el curso de la Historia, no siempre hacia lo positivo. En el caso actual de la UE y Turquía puede que nos encontremos ante uno de esos casos y es muy posible que el cambio pueda resultar muy poco halagüeño para Occidente, Oriente Medio y para todo el mundo Occidental. Sigo:

Turquía no es una nación que nación europea alguna esté legitimada para mirar por encima del hombro; su Historia lo avala por los seis siglos que ejerció su dominio, hasta casi antes de ayer, sobre gran parte de la Europa del Este, Medio Oriente y casi todo el Norte de África. El hecho que la actual Turquía no represente todo lo que fue el Imperio otomano no quita que el núcleo de lo que en su día fue ese Imperio está en la Turquía actual, exenta del móvil expansionista otrora practicado por el Imperio. Su vocación europeísta desde su constitución como nueva nación en 1922 la ha convertido en uno de los socios más valiosos de la Europa Occidental, en lo que a su defensa y seguridad se refiere, ya que aporta un potente ejército a los efectivos de la OTAN y es un guardián permanente de la Puerta de Oriente, la puerta por la que han penetrado en Europa las grandes invasiones de Oriente que configuraron, en gran medida, no pocos conceptos de naciones en la Europa a la sazón sin naciones definidas. No obstante, en su ejército y clase dirigente existe el justificado convencimiento de no ser una nación de segundo orden y eso lo avala su extensión territorial de 783.562 Kms 2, una población de unos 75 millones de habitantes y unas fuerzas armadas de 600.000 efectivos en filas, además de su situación geográfica, controladora del Bósforo y llave de la ruta del Oriente, con el añadido de su Historia. [Dato comparativo con una nación de la UE, por ejemplo Alemania: 357.104 Kms 2, unos 82 millones de habitantes y unas fuerzas armadas de 200.000 efectivos, también con servicio militar de leva obligatorio].

Por tanto, a una nación así, con una vocación europeísta de 90 años y una permanencia en la OTAN de 68 no se la debe enredar con cuentos chinos [con el debido respeto para el narrador de cuentos chinos] año tras año, tomando por descontado que su fidelidad, en lo que a su participación en la defensa de la Europa Occidental se refiere, es inquebrantable. Graso error todo lo que signifique un atisbo de afrenta a naciones que, como Turquía, llevan en su bagaje 600 años de gran parte de la Historia de la Europa Occidental/Este-Medio Oriente y que da pie a que Turquía se cuestione lo siguiente: ¿ por qué Turquía que aporta un ejército de 600.000 hombres a la defensa de la Europa Occidental es vetada en su ingreso en esa Europa por Alemania, entre otras naciones de la UE, que sólo aporta un ejército de 200.000 hombres a su defensa? ¿Es consciente Alemania, sigo citando a Alemania como mero ejemplo, que el descuelgue de Turquía de la OTAN le podría significar el tener que duplicar su presupuesto de defensa? Esta situación puede tener como resultado un hastío por parte de Turquía y una necesidad de mirar hacia otra parte y buscar en otra latitud a socios que sí son conscientes de su importancia geoestratégica actual e histórica y que tal vez estén dispuestos a cederle la SILLA PRINCIPAL que por su importancia como nación e historia le corresponde.

Si esto sucediera así no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta que un posible descuelgue de Turquía de la OTAN implicaría un cambio sustancial en el ya de por sí enrevesado status existente actualmente en el Medio Oriente que podría originar situaciones insostenibles para Israel y dilatar enormemente la solución negociada entre las partes en conflicto en Palestina, con inevitables posibles consecuencias, muy graves consecuencias, para todas las partes involucradas en el Medio Oriente y el mundo Occidental.

Los Despachos Cuadrados de Berlín y París, que por lo visto son los que llevan la batuta sobre todo lo que se mueve en la UE, precisan de cambio en su ‘simetría’ y ser convertidos en Despachos Ovalados que, por no tener ‘orejeras’, son los que proporcionan más amplitud de miras y posibilidad de ver lo que se está cociendo detrás del Bósforo y los Pirineos, los dos baluartes de la seguridad de Europa, y tomar en consideración las ingentes sumas de dinero que un hipotético descuelgue de Turquía de la OTAN llevaría implícito ya que presumiblemente la OTAN tendría que aumentar considerablemente sus efectivos militares para compensar los que se perderían con este descuelgue y que habría que sustituir con personal y dinero de las otras naciones socios, así como la conformación de un nuevo mapa geoestratégico de la defensa de la Europa Occidental con relación al Sur-Este / Medio Oriente.

Rectificar es de sabios, dicen los entendidos. Esperemos que los que han errado en la UE en el tema de la adhesión de Turquía a lo largo de muchos años rectifiquen y que el arroz que se está cociendo ahora en la paellera no termine pasándose del todo, se haga incomible y haya que tirarlo a la basura.

Termino recordando a los cuantos que se han agenciado en la UE el tomar todas las grandes decisiones por todas las naciones que la configuran, y, consecuentemente, por todos y cado uno de sus respectivos ciudadanos, entre los que me cuento, que no se debe jugar con ‘las cosas del comer’ y que una UE sin las garantías actuales de defensa y seguridad está abocada a la zozobra, a la inseguridad al retraimiento de los emprendedores e inversores y, en sucesión ininterrumpida, al desencuentro, a la discordia, a la precariedad, a la miseria y al hambre.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de 2010.
Daniel Garzón Luna

JERÓNIMO SAAVEDRA, UNA VOZ 'DÍSCOLA' DENTRO DEL PSC/PSOE

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GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXXIII - 83)

JERÓNIMO SAAVEDRA, UNA VOZ ‘DÍSCOLA’ DENTRO DEL PSC/PSOE

Decir que Jerónima Saavedra sorprende un día sí y el otro también a propios y extraños con sus declaraciones a los medios de comunicación sobre problemas candentes del municipio que rige y de la vida de las Islas no es noticia en Canarias porque es bien conocido que sus juicios están marcados por la objetividad y el realismo, casi siempre, y a años luz, con frecuencia, de los postulados que mantiene su propio partido, el PSOE. Hay pronunciamientos muy descarnados de Saavedra, exteriorizados públicamente, que igual podrían encajar en políticos de derechas si en esas filas los hubiera también dispuestos a romper la disciplina férrea de partido que pulveriza el concepto “democracia” en casi todos los partidos de nuestra joven Democracia y se pronunciaran públicamente sobre algunos temas vitales del día a día, los económicos entre ellos que tanta transcendencia tienen en la actualidad sobre la ciudadanía, como, por ejemplo, el asunto que motiva este comentario, es decir, corresponsabilizar a los cargos públicos en los perjuicios económicos en que la toma de decisiones erróneas, mal intencionadas o por puro populismo electorero recaigan en procedimientos judiciales en los que los tribunales fallen en contra de la Administración con el resultado de sentencias indemnizatorias lesivas para los intereses de los administrados, tanto si se trata de quebranto a las arcas públicas como de perjuicios pecuniarios a intereses particulares de la ciudadanía, así como el terrible daño que originan, tal vez el apartado más sangrante de todos, a la masa laboral ociosa a la espera de un puesto de trabajo en las filas del paro por obligar estas decisiones políticas a la iniciativa privada a recurrir a los tribunales en defensa de sus intereses, lo que implica la congelación durante años de desarrollos económicos de vastas parcelas de SUELO, la única fuente de creación de riqueza que nos queda, CONSTRUCCIÓN/TURISMO, especialmente en Gran Canaria, pues la pesca y la agricultura han quedado reducidas a meros testimonios, por lo que los sectores económicos citados ligados al suelo son los únicos que pueden generar actividad suficiente para hacer menguar el paro. Difícil poder cuantificar en dinero este último concepto de perjuicio causado a la masa laboral en espera de un puesto de trabajo pero sí debería conllevar, a falta de cuantificación dineraria, al apartamiento de la vida política para siempre a aquéllos que incurran en sentencias que conduzcan a estas situaciones probadas de daño causado.

Como claro testimonio de lo mencionado en el párrafo anterior, recurro a la clásica muestra del ‘botón’ y transcribo algunos retazos de las declaraciones de Jerónimo Saavedra sacadas de la edición de La Provincia/DLP del pasado 2 de junio. Titular del diario: “SAAVEDRA, A FAVOR DE QUE LOS POLÍTICOS PAGUEN SUS PUFOS. Cree que los cargos deben pagar de su bolsillo casos como el canódromo”

Párrafo primero: El alcalde Jerónimo Saavedra exigió ayer que los políticos responsables de acciones como la del Canódromo paguen de su bolsillo las responsabilidades patrimoniales derivadas de sus decisiones cuando supongan un quebranto para la ciudad. En el caso del Canódromo, la petición del alcalde apunta a José Manuel Soria.

Párrafo segundo, palabras de Saavedra: “Tenemos que ir a la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos que han actuado de manera irresponsable porque están asfixiando al Ayuntamiento”.

Más claro agua. Está también clarísimo que cuando un catedrático del corte de Saavedra se aventura a afirmar que la corresponsabilidad de los cargos públicos que de manera descuidada, irresponsable o interesada perjudiquen a las arcas públicas no se limita al llamado interés general solamente sino que sabe muy bien que si el mismo acto se lleva a cabo en perjuicio de los intereses de un ciudadano cualquiera, la ley tendría igualmente que dar la posibilidad al ciudadano de hacer corresponsable al cargo público por sus decisiones si resultan lesivas para sus intereses. Un derecho otorgado por ley a la Administración no puede excluir del mismo al ciudadano, de darse las mismas causas del perjuicio ocasionado. No obstante, tal y como está montado el ‘chiringuito’ legislativo de la Nación, no le caerá esa breva al común de la ciudadanía. La élite política se ha agenciado la forma de aglutinar bajo su casi exclusivo control los tres poderes que conforman un Estado democrático por lo que no promoverá leyes que puedan ponerla de cara a la pared en situaciones de demostrado extravío en el desarrollo de sus competencias. La impunidad de que disfrutan con el procedimiento contencioso-administrativo, tal y como ahora funciona, le permite tomar las más disparatadas decisiones sobre el suelo y otros inmuebles de propiedad privada que no es pensable que les dé por alterarlo; por tanto, no hay la menor duda que el socialista Jerónimo Saavedra es el ‘bicho raro’ de la clase política de nuestra democracia pues no le es ajeno, a don Jerónimo, que él mismo, como primer edil de la ciudad, no queda sustraído de los efectos de corresponsabilidad de quebrantos económicos que pudieran ser causados a las arcas de la ciudad, o a ciudadanos, durante su mandato, y, no obstante, aboga por la instauración en la ley de esa corresponsabilidad del cargo público con los perjuicios económicos que pudieran conllevar sus actuaciones, extrapolables a lo penal por pura lógica si también hubiere lugar.

A este respecto, debo añadir que no me suena el nombre de ningún político de derechas ni de izquierdas a escala nacional, aparte de Jerónimo Saavedra, que haya exteriorizado en público que los cargos políticos deben ser corresponsables con sus bienes del quebranto económico que sus actuaciones puedan tener sobre la Administración. Cada día es más de manifiesto que impera en los partidos políticos de relieve de la Democracia española una obediencia o sumisión al jefe, incubados en moldes contaminados del culto al poder de la Dictadura, que han marcado la actividad política de nuestras Cortes, casi simétrica con las de las Cortes de la denostada Dictadura en lo relativo a aprobar leyes por unanimidad, votaciones en las que, en lo que a nuestra Democracia se refiere, el bloque socialista hoy en el poder ejecutivo, que representa el 47,71 % de la Cámara y tiene detrás de sí unos once millones de votantes, aprueba recientemente una ley de tan profundo calado de moralidad personal y fondo humano y religioso como es la Ley del Aborto sin el más mínimo voto discrepante por parte de sus 167 diputados, ni siquiera el voto del presidente de la Cámara de divulgada fe católica, ajenos totalmente a si sus once millones de votantes, en cuyos nombres y representación la aprobaron, están de acuerdo con el contenido inmoral profundo de dicha Ley. Cabe pensar que si el PSOE hubiese tenido el 100% de los escaños de la cámara, como tenía el Régimen de la Dictadura, esa ley se habría aprobado, en clara sumisión de partido, por unanimidad absoluta y en inequívoco paralelismo con las Cortes de la Dictadura. Esta situación no se da solamente en el Parlamento de la Nación sino que se extrapola a los Parlamentos de las 17 autonomías en los que en muchos casos se promulgan leyes de profunda connotación nacional que no tienen el fin del bien común sino el de los partidos que las aprueban, bien por intereses políticos de partido o por influencias económicas externas interesadas, leyes aprobadas con frecuencia por mayorías irrisorias con votos de denigrante mercadeo, como es el caso de la persecución y acoso que sufre por ley catalana la lengua española en Cataluña. Esta obediencia a ultranza del diputado al partido es precisamente lo que está creando en el ciudadano la justificada sensación que la gran mayoría de los políticos por ellos elegidos no están actuando en defensa de sus intereses y los de España sino de sus propios intereses de partido y personales. Ahora dejo al lector que saque su conclusión de si no hay sobradas razones para alegrarse del soplo de aire fresco y esperanza que nos traen los comportamientos ‘díscolos’ de Jerónimo Saavedra en su manera de interpretar la política de partido y la conducta insumisa que debe seguir el político dentro de su partido cuando haya lugar a ello como, por citar un ejemplo, la ya mencionada Ley del Aborto porque, de lo contrario, ¿para qué ansiábamos la Democracia?

Volviendo al campo de la corresponsabilidad política del cargo público, y dado que está claro que existe una dificultad casi insalvable de que políticos legisladores se hagan el haraquiri a este respecto introduciendo este tipo de penalización para el cargo público en la Ley del Suelo -cito la Ley del Suelo porque es en ese campo en el que se están produciendo la mayor parte de los ‘desaguisados’-, ha lugar a hacer referencia al Artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas que contempla el posible ‘empapelado’ de un cargo público si sus actuaciones resultan lesivas para el erario público o el administrado, aunque este artículo, si bien está ahí para completar una ley y por si ‘hiciera falta’, sólo suele ser de aplicación cuando de apretarle las clavijas al funcionario pequeño se refiere pero no funciona debidamente cuando se trata de pedir cuentas a altos cargos porque es la propia Administración, esos altos cargos, la que tiene que poner en marcha el expediente y a ningún alto cargo se le ocurrirá jamás poner en marcha una actuación punitiva contra sí mismo. No obstante, y dando por hecho que, tal y como está montado el procedimiento legislativo, nunca prosperará un proyecto de ley en toda regla que acometa en profundidad y de forma contundente la corresponsabilidad de cargos públicos, políticos en especial, cuando perjudiquen con decisiones arbitrarias de líneas varias a intereses públicos o privados, corresponde mirar con una cierta esperanza hacia la figura del fiscal quien tal vez sí podría tomar sobre sí el iniciar DE OFICIO el procedimiento pertinente en base al citado Artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, ya que la nueva Ley del Suelo en vigor faculta a la Fiscalía a personarse en contenciosos iniciados contra y por la Administración y no sólo en asuntos de naturaleza delictiva como era la situación antes de esta nueva ley. Lógicamente, en el tema aquí comentado la actuación del fiscal tendría que partir de sentencia firme y condenatoria contra la Administración. En todo caso, para que esto surtiera el efecto necesario sería imprescindible que la Fiscalía tuviese libertad individual de actuación en todas las autonomías y no estuviese supeditada a la preceptiva autorización del Fiscal General para iniciar procedimiento.

De una manera o de otra, debemos tener claro que mientras no se ponga pies en pared sobre este asunto de la corresponsabilidad con la Administración por parte de los altos cargos públicos en sus decisiones, las actuaciones arbitrarias por parte de algunos políticos en cargos públicos decisorios no cesará y la degradación sobre la credibilidad de las actuaciones políticas irá aumentando y socavando los cimientos de nuestra joven democracia que cada día que pasa tiene menos parecido con el modelo clásico de democracia que muchos teníamos en mente a conseguir después de la Dictadura. Nuestra Democracia ha adquirido unos tintes de despotismo en muchos campos en los que un puñado de intocables entronizados a sí mismos disponen de las haciendas pública y privada con un desparpajo y atrevimiento que causa pavor, precisamente porque vivimos en un Estado de Derecho, aunque acontecimientos dispares hacen pensar que estamos viviendo en muchos aspectos una prolongación de la fenecida Dictadura.
En todo caso, y retomando el tema Jerónimo Saavedra y sus frecuentes declaraciones a la prensa sobre uno u otro tema, repito que no siempre en sintonía con los postulados del PSC, hay que admitir que es cuando menos tranquilizador que el PSC, partido principal de la oposición y llamado a volver a gobernar en Canarias muy posiblemente, haya decidido bajar de su reclusión voluntaria en ‘los montes’ después de la marcha de Juan Fernando López Aguilar -en el espacio natural de los montes la paz de las alturas penetra en las mentes y crea el dulce bienestar del INMOVILISMO- y haya asumido su importante papel de arrimar el hombro, sin el acostumbrado ‘niet’ a todo y de antemano, desde la oposición o gobierno -ya gobierna en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el que don Jerónimo ostenta la presidencia, y en el Cabildo grancanario- para sacar a Canarias de la penuria económica en que está inmersa por influencias externas y, sobre todo, por el ‘empapelado’ burocrático a que un Gobierno sí y el otro también la han sumergido sin piedad a lo largo de las dos últimas décadas -Gran Canaria en especial-, desterrando los postulados tremendistas de la etapa de López Aguilar que tenían por meta, según sus declaraciones a La Provincia/DLP de fecha 22 de noviembre de 2008, “cambiar el Gobierno canario cuanto antes, pero sin atajos”. ¿Quería don Juan Fernando decir con ello ‘pucherazo’ populista a lo Chaves? Si esa era la meta que en su día se marcó, estaba sin duda equivocado porque en una democracia los cambios de Gobierno lo marcan las urnas, cuando existe normalidad.

De todas maneras, esperemos que lo que no solucionen los legisladores de lo aquí comentado que, de alguna forma, lo acometan los fiscales porque es indiscutible que España precisa de soluciones y son el Ministerio Fiscal y el de Justicia los que pueden aportar mucha luz y confianza en nuestra cada día más opaca y acogotada Democracia.
Termino repitiendo lo que ya dije en alguno de mis artículos anteriores: necesitamos políticos de la talla de Jerónimo Saavedra que, sin menoscabo de defender las tesis de sus respectivos partidos, hagan oír su voz discrepante en todas y cada una de las situaciones en las que el bien de España y de la ciudadanía en general así lo requiera; ambos conceptos tienen que ir por delante de las consignas e intereses de partido.

Ver información gráfica en mi página web: http://danielgarzonluna.blogspot.com/

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 2010.
Daniel Garzón Luna

GIBRALTAR: GRAN BRETAÑA, SOCIO NUESTRO EN LA OTAN, NOS EMPUJA FUERA DE NUESTRAS AGUAS EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS

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GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXXII - 82 -)

GIBRALTAR: GRAN BRETAÑA, SOCIO NUESTRO EN LA OTAN, NOS EMPUJA FUERA DE NUESTRAS AGUAS EN LA BAHIA DE ALGECIRAS

Los incidentes que el pasado día 2 tuvieron lugar en las aguas españolas de la bahía de Algeciras en el curso de los cuales una patrullera de la Guardia Civil fue acosada y empujada fuera de nuestras aguas por tres barcos británicos -una patrullera de la Royal Navy y dos llanitas- han venido a poner en relieve la irresponsabilidad en que han incurrido el ministro Moratinos y su Ministerio -además de, por supuesto, el gabinete del Gobierno- por entrar en negociaciones con Gran Bretaña y la colonia sobre asuntos concernientes a aguas jurisdiccionales que en ningún caso, repito, en ningún caso debieron iniciarse ni ser motivo de negociación alguna por parte de España. Sobre Gibraltar sólo hay una negociación posible y es la fecha de su devolución y reincorporación al resto del territorio nacional, además de la forma en que su población va a quedar encuadrada, aquellos que lo deseen, dentro del Estado español. Todo lo demás, en lo que a negociación por parte de España se refiere, no tiene el más mínimo sentido por la simple razón que no hay nada que justifique el entregar nada a los británicos como añadido a lo que en 1713 obtuvieron a través del esperpéntico Tratado de Utrecht. Toda negociación en la que entremos sobre lo determinado en dicho Tratado son veleidades políticas por parte de nuestros gobernantes del momento que han dado pie a los británicos para sacar tajada con el pretendido reconocimiento de aguas jurisdiccionales que, de hecho, significaría el reconocerles derechos de soberanía sobre el territorio ya que no hay derecho de aguas jurisdiccionales si no existe la soberanía sobre el territorio circundado por o limitado con esas aguas.

También nos viene a cuento el añadido del espacio aéreo correspondiente a su aeropuerto que también está siendo motivo de problemas con pilotos y controladores españoles pues sólo nos falta ya que aeronaves nacionales que tienen que sobrevolar el espacio aéreo del Peñón, especialmente en la ruta de Ceuta y Melilla, estén sometidos a la autorización de las autoridades llanitas. Todo un cúmulo de despropósitos que inexorablemente van conduciendo a la consolidación de derechos inexistentes tanto sobre las aguas españolas de la bahía de Algeciras como sobre el espacio aéreo de un aeropuerto clandestino, construido por la cara en suelo neutral y aguas españolas, elevado a la legalidad por el ministro Moratinos y, se supone, por el resto del gabinete del presidente Zapatero.

Estos incidentes que se produjeron el pasado día 2 vienen a decirle al gabinete del presidente Zapatero, especialmente al ministro Moratinos, que no se puede jugar con fuego en una gasolinera y que la mesa tripartita fue un despropósito descomunal porque se reconoció a la colonia voz y voto, algo que no había ocurrido en los trescientos años de su vida como colonia. ¡Inaudito! Nunca se les debió dar una silla a los llanitos en un contencioso exclusivamente bilateral entre España y la Gran Bretaña, además de la corresponsabilidad de la comunidad internacional. Es una incongruencia el sentarse a negociar con alguien a quien no tenemos nada que darle y en cuya negociación son ellos los únicos que pueden sacarles algo a España, algo que en 300 años ¡TRESCIENTOS AÑOS! de contencioso no han conseguido de gobierno español alguno. Sí, despropósito descomunal que tuvo su continuidad en la visita el 21 de julio del pasado año del sonriente ministro Moratinos a Gibraltar y su prolongación en la aceptación del aeropuerto clandestino para vuelos nacionales, legalización tácita del mismo, con continuidad en unas negociaciones sobre aguas jurisdiccionales. ¡Menuda sarta de disparates!

Está más que claro que los británicos, siempre despiertos en el oportunismo del momento, han cogido la medida al ministro Moratinos y han palpado la debilidad actual de España por lo que se permiten llegar al extremo de hacer prácticas de tiro con la bandera española como blanco, todo ello en aguas españolas. Y los llanitos, que en su vida se han visto en otra igual, están apretando las tuercas porque saben que una breva como esta no les volverá a caer en el resto de su historia y saben, además, que no se producirá la respuesta adecuada a atrevimientos tales como acosar y empujar fuera de nuestras aguas a una patrullera de la Guardia Civil con el concurso de una patrullera de la Royal Navy británica, socio nuestro en la OTAN. ¿Es ese el proceder que se espera de un socio en un Organismo como la OTAN?

El Partido Popular, que a través de su diputado del Campo de Gibraltar, señor Landaluce, parece ser el único partido político que se preocupa de defender nuestra soberanía en la Bahía de Algeciras, debe exigir al Gobierno en sesión parlamentaria de urgencia que actúe con la máxima contundencia diplomática ante el Gobierno británico para que nunca más vuelva a repetirse que patrulleras británicas acosen y expulsen a las patrulleras de la Guardia Civil en su misión de vigilancia de nuestras aguas en la Bahía de Algeciras.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2010.
Daniel Garzón Luna