JERÓNIMO SAAVEDRA, UNA VOZ 'DÍSCOLA' DENTRO DEL PSC/PSOE

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GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y LXXXIII - 83)

JERÓNIMO SAAVEDRA, UNA VOZ ‘DÍSCOLA’ DENTRO DEL PSC/PSOE

Decir que Jerónima Saavedra sorprende un día sí y el otro también a propios y extraños con sus declaraciones a los medios de comunicación sobre problemas candentes del municipio que rige y de la vida de las Islas no es noticia en Canarias porque es bien conocido que sus juicios están marcados por la objetividad y el realismo, casi siempre, y a años luz, con frecuencia, de los postulados que mantiene su propio partido, el PSOE. Hay pronunciamientos muy descarnados de Saavedra, exteriorizados públicamente, que igual podrían encajar en políticos de derechas si en esas filas los hubiera también dispuestos a romper la disciplina férrea de partido que pulveriza el concepto “democracia” en casi todos los partidos de nuestra joven Democracia y se pronunciaran públicamente sobre algunos temas vitales del día a día, los económicos entre ellos que tanta transcendencia tienen en la actualidad sobre la ciudadanía, como, por ejemplo, el asunto que motiva este comentario, es decir, corresponsabilizar a los cargos públicos en los perjuicios económicos en que la toma de decisiones erróneas, mal intencionadas o por puro populismo electorero recaigan en procedimientos judiciales en los que los tribunales fallen en contra de la Administración con el resultado de sentencias indemnizatorias lesivas para los intereses de los administrados, tanto si se trata de quebranto a las arcas públicas como de perjuicios pecuniarios a intereses particulares de la ciudadanía, así como el terrible daño que originan, tal vez el apartado más sangrante de todos, a la masa laboral ociosa a la espera de un puesto de trabajo en las filas del paro por obligar estas decisiones políticas a la iniciativa privada a recurrir a los tribunales en defensa de sus intereses, lo que implica la congelación durante años de desarrollos económicos de vastas parcelas de SUELO, la única fuente de creación de riqueza que nos queda, CONSTRUCCIÓN/TURISMO, especialmente en Gran Canaria, pues la pesca y la agricultura han quedado reducidas a meros testimonios, por lo que los sectores económicos citados ligados al suelo son los únicos que pueden generar actividad suficiente para hacer menguar el paro. Difícil poder cuantificar en dinero este último concepto de perjuicio causado a la masa laboral en espera de un puesto de trabajo pero sí debería conllevar, a falta de cuantificación dineraria, al apartamiento de la vida política para siempre a aquéllos que incurran en sentencias que conduzcan a estas situaciones probadas de daño causado.

Como claro testimonio de lo mencionado en el párrafo anterior, recurro a la clásica muestra del ‘botón’ y transcribo algunos retazos de las declaraciones de Jerónimo Saavedra sacadas de la edición de La Provincia/DLP del pasado 2 de junio. Titular del diario: “SAAVEDRA, A FAVOR DE QUE LOS POLÍTICOS PAGUEN SUS PUFOS. Cree que los cargos deben pagar de su bolsillo casos como el canódromo”

Párrafo primero: El alcalde Jerónimo Saavedra exigió ayer que los políticos responsables de acciones como la del Canódromo paguen de su bolsillo las responsabilidades patrimoniales derivadas de sus decisiones cuando supongan un quebranto para la ciudad. En el caso del Canódromo, la petición del alcalde apunta a José Manuel Soria.

Párrafo segundo, palabras de Saavedra: “Tenemos que ir a la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos que han actuado de manera irresponsable porque están asfixiando al Ayuntamiento”.

Más claro agua. Está también clarísimo que cuando un catedrático del corte de Saavedra se aventura a afirmar que la corresponsabilidad de los cargos públicos que de manera descuidada, irresponsable o interesada perjudiquen a las arcas públicas no se limita al llamado interés general solamente sino que sabe muy bien que si el mismo acto se lleva a cabo en perjuicio de los intereses de un ciudadano cualquiera, la ley tendría igualmente que dar la posibilidad al ciudadano de hacer corresponsable al cargo público por sus decisiones si resultan lesivas para sus intereses. Un derecho otorgado por ley a la Administración no puede excluir del mismo al ciudadano, de darse las mismas causas del perjuicio ocasionado. No obstante, tal y como está montado el ‘chiringuito’ legislativo de la Nación, no le caerá esa breva al común de la ciudadanía. La élite política se ha agenciado la forma de aglutinar bajo su casi exclusivo control los tres poderes que conforman un Estado democrático por lo que no promoverá leyes que puedan ponerla de cara a la pared en situaciones de demostrado extravío en el desarrollo de sus competencias. La impunidad de que disfrutan con el procedimiento contencioso-administrativo, tal y como ahora funciona, le permite tomar las más disparatadas decisiones sobre el suelo y otros inmuebles de propiedad privada que no es pensable que les dé por alterarlo; por tanto, no hay la menor duda que el socialista Jerónimo Saavedra es el ‘bicho raro’ de la clase política de nuestra democracia pues no le es ajeno, a don Jerónimo, que él mismo, como primer edil de la ciudad, no queda sustraído de los efectos de corresponsabilidad de quebrantos económicos que pudieran ser causados a las arcas de la ciudad, o a ciudadanos, durante su mandato, y, no obstante, aboga por la instauración en la ley de esa corresponsabilidad del cargo público con los perjuicios económicos que pudieran conllevar sus actuaciones, extrapolables a lo penal por pura lógica si también hubiere lugar.

A este respecto, debo añadir que no me suena el nombre de ningún político de derechas ni de izquierdas a escala nacional, aparte de Jerónimo Saavedra, que haya exteriorizado en público que los cargos políticos deben ser corresponsables con sus bienes del quebranto económico que sus actuaciones puedan tener sobre la Administración. Cada día es más de manifiesto que impera en los partidos políticos de relieve de la Democracia española una obediencia o sumisión al jefe, incubados en moldes contaminados del culto al poder de la Dictadura, que han marcado la actividad política de nuestras Cortes, casi simétrica con las de las Cortes de la denostada Dictadura en lo relativo a aprobar leyes por unanimidad, votaciones en las que, en lo que a nuestra Democracia se refiere, el bloque socialista hoy en el poder ejecutivo, que representa el 47,71 % de la Cámara y tiene detrás de sí unos once millones de votantes, aprueba recientemente una ley de tan profundo calado de moralidad personal y fondo humano y religioso como es la Ley del Aborto sin el más mínimo voto discrepante por parte de sus 167 diputados, ni siquiera el voto del presidente de la Cámara de divulgada fe católica, ajenos totalmente a si sus once millones de votantes, en cuyos nombres y representación la aprobaron, están de acuerdo con el contenido inmoral profundo de dicha Ley. Cabe pensar que si el PSOE hubiese tenido el 100% de los escaños de la cámara, como tenía el Régimen de la Dictadura, esa ley se habría aprobado, en clara sumisión de partido, por unanimidad absoluta y en inequívoco paralelismo con las Cortes de la Dictadura. Esta situación no se da solamente en el Parlamento de la Nación sino que se extrapola a los Parlamentos de las 17 autonomías en los que en muchos casos se promulgan leyes de profunda connotación nacional que no tienen el fin del bien común sino el de los partidos que las aprueban, bien por intereses políticos de partido o por influencias económicas externas interesadas, leyes aprobadas con frecuencia por mayorías irrisorias con votos de denigrante mercadeo, como es el caso de la persecución y acoso que sufre por ley catalana la lengua española en Cataluña. Esta obediencia a ultranza del diputado al partido es precisamente lo que está creando en el ciudadano la justificada sensación que la gran mayoría de los políticos por ellos elegidos no están actuando en defensa de sus intereses y los de España sino de sus propios intereses de partido y personales. Ahora dejo al lector que saque su conclusión de si no hay sobradas razones para alegrarse del soplo de aire fresco y esperanza que nos traen los comportamientos ‘díscolos’ de Jerónimo Saavedra en su manera de interpretar la política de partido y la conducta insumisa que debe seguir el político dentro de su partido cuando haya lugar a ello como, por citar un ejemplo, la ya mencionada Ley del Aborto porque, de lo contrario, ¿para qué ansiábamos la Democracia?

Volviendo al campo de la corresponsabilidad política del cargo público, y dado que está claro que existe una dificultad casi insalvable de que políticos legisladores se hagan el haraquiri a este respecto introduciendo este tipo de penalización para el cargo público en la Ley del Suelo -cito la Ley del Suelo porque es en ese campo en el que se están produciendo la mayor parte de los ‘desaguisados’-, ha lugar a hacer referencia al Artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas que contempla el posible ‘empapelado’ de un cargo público si sus actuaciones resultan lesivas para el erario público o el administrado, aunque este artículo, si bien está ahí para completar una ley y por si ‘hiciera falta’, sólo suele ser de aplicación cuando de apretarle las clavijas al funcionario pequeño se refiere pero no funciona debidamente cuando se trata de pedir cuentas a altos cargos porque es la propia Administración, esos altos cargos, la que tiene que poner en marcha el expediente y a ningún alto cargo se le ocurrirá jamás poner en marcha una actuación punitiva contra sí mismo. No obstante, y dando por hecho que, tal y como está montado el procedimiento legislativo, nunca prosperará un proyecto de ley en toda regla que acometa en profundidad y de forma contundente la corresponsabilidad de cargos públicos, políticos en especial, cuando perjudiquen con decisiones arbitrarias de líneas varias a intereses públicos o privados, corresponde mirar con una cierta esperanza hacia la figura del fiscal quien tal vez sí podría tomar sobre sí el iniciar DE OFICIO el procedimiento pertinente en base al citado Artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, ya que la nueva Ley del Suelo en vigor faculta a la Fiscalía a personarse en contenciosos iniciados contra y por la Administración y no sólo en asuntos de naturaleza delictiva como era la situación antes de esta nueva ley. Lógicamente, en el tema aquí comentado la actuación del fiscal tendría que partir de sentencia firme y condenatoria contra la Administración. En todo caso, para que esto surtiera el efecto necesario sería imprescindible que la Fiscalía tuviese libertad individual de actuación en todas las autonomías y no estuviese supeditada a la preceptiva autorización del Fiscal General para iniciar procedimiento.

De una manera o de otra, debemos tener claro que mientras no se ponga pies en pared sobre este asunto de la corresponsabilidad con la Administración por parte de los altos cargos públicos en sus decisiones, las actuaciones arbitrarias por parte de algunos políticos en cargos públicos decisorios no cesará y la degradación sobre la credibilidad de las actuaciones políticas irá aumentando y socavando los cimientos de nuestra joven democracia que cada día que pasa tiene menos parecido con el modelo clásico de democracia que muchos teníamos en mente a conseguir después de la Dictadura. Nuestra Democracia ha adquirido unos tintes de despotismo en muchos campos en los que un puñado de intocables entronizados a sí mismos disponen de las haciendas pública y privada con un desparpajo y atrevimiento que causa pavor, precisamente porque vivimos en un Estado de Derecho, aunque acontecimientos dispares hacen pensar que estamos viviendo en muchos aspectos una prolongación de la fenecida Dictadura.
En todo caso, y retomando el tema Jerónimo Saavedra y sus frecuentes declaraciones a la prensa sobre uno u otro tema, repito que no siempre en sintonía con los postulados del PSC, hay que admitir que es cuando menos tranquilizador que el PSC, partido principal de la oposición y llamado a volver a gobernar en Canarias muy posiblemente, haya decidido bajar de su reclusión voluntaria en ‘los montes’ después de la marcha de Juan Fernando López Aguilar -en el espacio natural de los montes la paz de las alturas penetra en las mentes y crea el dulce bienestar del INMOVILISMO- y haya asumido su importante papel de arrimar el hombro, sin el acostumbrado ‘niet’ a todo y de antemano, desde la oposición o gobierno -ya gobierna en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el que don Jerónimo ostenta la presidencia, y en el Cabildo grancanario- para sacar a Canarias de la penuria económica en que está inmersa por influencias externas y, sobre todo, por el ‘empapelado’ burocrático a que un Gobierno sí y el otro también la han sumergido sin piedad a lo largo de las dos últimas décadas -Gran Canaria en especial-, desterrando los postulados tremendistas de la etapa de López Aguilar que tenían por meta, según sus declaraciones a La Provincia/DLP de fecha 22 de noviembre de 2008, “cambiar el Gobierno canario cuanto antes, pero sin atajos”. ¿Quería don Juan Fernando decir con ello ‘pucherazo’ populista a lo Chaves? Si esa era la meta que en su día se marcó, estaba sin duda equivocado porque en una democracia los cambios de Gobierno lo marcan las urnas, cuando existe normalidad.

De todas maneras, esperemos que lo que no solucionen los legisladores de lo aquí comentado que, de alguna forma, lo acometan los fiscales porque es indiscutible que España precisa de soluciones y son el Ministerio Fiscal y el de Justicia los que pueden aportar mucha luz y confianza en nuestra cada día más opaca y acogotada Democracia.
Termino repitiendo lo que ya dije en alguno de mis artículos anteriores: necesitamos políticos de la talla de Jerónimo Saavedra que, sin menoscabo de defender las tesis de sus respectivos partidos, hagan oír su voz discrepante en todas y cada una de las situaciones en las que el bien de España y de la ciudadanía en general así lo requiera; ambos conceptos tienen que ir por delante de las consignas e intereses de partido.

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Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 2010.
Daniel Garzón Luna